Un reciente informe del Ministerio de Hacienda y Economía evidencia que las empresas públicas y los gobiernos locales dominicanos dependen en gran medida de recursos fiscales, lo que puede generar vulnerabilidades presupuestarias y presiones sobre la sostenibilidad del gasto público.

En la República Dominicana existen 25 empresas públicas no financieras en sectores estratégicos como energía, transporte, agua y comunicaciones, y 10 empresas públicas financieras. Según el Informe de Riesgos Fiscales 2025, estas empresas no financieras presentan mayores riesgos fiscales debido a su dependencia de transferencias del Gobierno Central y a pasivos contingentes que podrían materializarse ante shocks económicos o cambios regulatorios.

Para cuantificar estos riesgos, se aplicó la herramienta SOE Health Check del FMI, que evalúa rentabilidad, liquidez y solvencia de las empresas públicas. Cada indicador se estandariza en una escala de 1 a 5, donde 1 indica bajo riesgo y 5 alto riesgo. Entre los hallazgos, las distribuidoras de electricidad (EDES) alcanzan 4.5, la calificación más elevada, reflejando su alta vulnerabilidad y dependencia fiscal. Por su parte, el sector transporte y actividades diversas se sitúan en nivel intermedio (3.2–3.3), mientras que servicios de agua, la Lotería Nacional y otras empresas eléctricas muestran bajo riesgo inmediato (1.6–2.0).

El sector eléctrico concentra el mayor riesgo por la magnitud de las transferencias fiscales, que entre 2020 y 2024 superaron sistemáticamente lo presupuestado. En 2022, la diferencia llegó a 88%, debido a líneas de crédito aprobadas para sostener las operaciones de las EDES. Aunque esta brecha se redujo a 15% en 2023, volvió a subir a 19% en 2024, reflejando la exposición estructural del sector a recursos públicos.

En el caso de los gobiernos locales, compuestos por 158 ayuntamientos y 235 juntas distritales, la autonomía fiscal está limitada por la Ley 176-07, que regula tributos y tasas pero restringe la capacidad de recaudación propia. El 80% de sus ingresos proviene de transferencias del Gobierno Central, mientras que solo un 20% se obtiene de tasas municipales y arbitrios. Esta dependencia, sumada a la posibilidad de acumular pasivos corrientes de corto plazo sin autorización constitucional para emitir deuda, genera riesgos fiscales indirectos.

La liquidez de los gobiernos locales ha mostrado volatilidad: en 2021 y 2023 se registraron déficits notables, mientras que en 2020, 2022 y 2024 los resultados se acercaron al equilibrio. Este patrón evidencia que la capacidad de cumplir con compromisos de corto plazo depende en gran medida de los recursos transferidos por el Gobierno Central.

En términos de transparencia y control, el 83% de las entidades locales reportó información financiera completa al cierre de 2024, mejorando 10 puntos porcentuales respecto a años anteriores. La DIGECOG ha promovido herramientas como el SISACNOC para fortalecer la consistencia de la información contable en todo el sector público, aunque persisten retos en cobertura y uniformidad.