El Estado dominicano enfrenta un pasivo estimado en RD$1,006,061 millones netos, equivalente a 12.63% del PIB de 2025, por compromisos con jubilados y futuros pensionados del sistema de reparto, según el Informe de Riesgos Fiscales I 2025 del Ministerio de Hacienda y Economía. Este monto refleja la exposición de las finanzas públicas a obligaciones previsionales y destaca la importancia de su seguimiento a mediano y largo plazo.

El sistema de reparto dominicano cubre a empleados públicos, policías y otros trabajadores civiles, garantizando prestaciones de jubilación financiadas directamente con recursos del Estado. El valor presente neto (VPN) del compromiso con los jubilados actuales asciende a RD$785,939 millones (9.86% del PIB), mientras que considerando potenciales pensionados, principalmente policías, el pasivo total se eleva a RD$1,080,467 millones (13.56% del PIB). Neto de aportaciones, el compromiso se estima en RD$1,006,061 millones (12.63% del PIB).

El análisis actuarial proyecta que los compromisos con jubilados actuales disminuirán gradualmente, con estimación de extinción alrededor del año 2065. Sin embargo, los desembolsos para cubrir a futuros pensionados continuarán siendo significativos, aunque se prevé que el crecimiento económico reducirá progresivamente la carga fiscal anual del sistema como porcentaje del PIB.

El estudio incluye ejercicios de sensibilidad para evaluar cómo cambios en la política de beneficios afectan el pasivo:

• Incremento de la pensión mínima de RD$8,000 a RD$14,161, de acuerdo con la resolución núm. 01-2023 del CNS, implicaría un impacto del 2.3% del PIB.
• Indexación anual de pensiones y salarios a la inflación (4% activos y 2% pensionados) tendría un impacto agregado de 5.4% del PIB, reflejando que el efecto de aumentos periódicos se acumula a largo plazo.

El balance operativo del sistema de reparto, que considera aportes de activos y pagos a jubilados, permite estimar flujos de corto, mediano y largo plazo. Según el informe, los resultados no deben considerarse compromisos oficiales, ya que dependen de supuestos actuariales y variables económicas futuras.

El marco institucional dominicano combina regímenes históricos y actuales. Antes de la reforma de 2001, el IDSS y leyes específicas para empleados públicos, militares y policías regulaban los beneficios. La Ley 87-01 estableció el sistema de capitalización individual para trabajadores de hasta 45 años, mientras que quienes superan esa edad permanecen en el sistema de reparto. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) administra actualmente el sistema de reparto estatal, incluyendo regímenes especiales para policías (Ley 590-16) y pensiones no contributivas para personas en situación de vulnerabilidad.

Además, el Manual de Procedimientos aprobado en 2023 por el CNSS establece criterios para el traspaso de individuos entre sistemas de capitalización y reparto, buscando limitar la exposición de las finanzas públicas a riesgos derivados de los distintos regímenes.