La República Dominicana ha adoptado Alianzas Público-Privadas (APP) y fideicomisos públicos como herramientas para desarrollar infraestructura, vivienda y gestión ambiental. Estos instrumentos permiten movilizar inversión privada, pero también generan compromisos financieros de largo plazo que requieren monitoreo para evitar impactos sobre la sostenibilidad fiscal.

Desde la promulgación de la Ley 47-20 en 2020, las APP han sido reguladas con mecanismos de transparencia, responsabilidad fiscal y control institucional a través del Consejo Nacional de Alianza Público-Privada y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP). El primer contrato bajo este marco se adjudicó en septiembre de 2023 al proyecto Puerto Duarte–Arroyo Barril, en Samaná, con una inversión inicial de US$68 millones y duración contractual de 33 años. Según el Ministerio de Hacienda y Economía, “los compromisos fiscales firmes y contingentes apenas alcanzan un 0.01% del PIB de 2022, muy por debajo del límite de 3% establecido en la Ley 47-20”.

Para evaluar los riesgos fiscales, se utilizan herramientas como FRAT y PFRAM, que identifican riesgos de demanda, construcción y fuerza mayor, mientras otros riesgos operacionales, financieros o regulatorios se clasifican como bajos. Experiencias portuarias anteriores en Amber Cove y La Romana refuerzan la expectativa de beneficios económicos y sociales, aunque la sostenibilidad dependerá de la capacidad institucional para monitorear proyectos y aplicar metodologías robustas de evaluación.

Los fideicomisos públicos constituyen otra modalidad que concentra recursos estatales en áreas estratégicas. Actualmente existen 15 fideicomisos activos, de los cuales tres concentran el 80% de las transferencias del Estado entre 2021 y el primer semestre de 2025: FITRAM (transporte), MIVIVIENDA (vivienda) y DO SOSTENIBLE (residuos sólidos). El artículo 9, inciso 3 de la Ley 28-23 establece que la administración de estos fondos está sujeta a supervisión, transparencia y control estatal, asegurando que los pasivos con aval o vínculo sustantivo se registren como deuda pública y se consoliden en el balance del Gobierno Central.

El informe del Ministerio advierte que, aunque los fideicomisos permiten ejecutar políticas prioritarias, trasladan riesgos al balance soberano cuando existen garantías estatales o vínculos significativos, incluyendo riesgos de refinanciamiento, tipo de cambio, liquidez y gobernanza. Por ello, la proyección del saldo de cierre y su incorporación al balance público es crucial para evitar incrementos imprevistos en la deuda o déficit.