Este domingo se cumplen dos meses desde el trágico colapso del techo de la discoteca JetSet, que dejó 236 personas fallecidas, incluido el merenguero Rubby Pérez,  y más de 180 heridas, durante una presentación en la madrugada del 8 de abril. Sin embargo, aún no se ha señalado a ningún responsable, ni hay avances visibles en el proceso judicial.

El hecho, considerado una de las mayores tragedias en República Dominicana, dejó atrapadas a más de 400 personas durante una fiesta amenizada por el famoso merenguero Rubby Pérez, generando consternación nacional e internacional. A pesar del impacto y la magnitud de la tragedia, el Ministerio Público no ha ofrecido información actualizada sobre el curso de la investigación.

Familiares de las víctimas y sobrevivientes han denunciado la lentitud en las indagatorias, y han exigido al Estado actuar con responsabilidad ante lo que consideran una cadena de negligencias.

Las únicas acciones visibles han sido el precinto de las instalaciones, la recolección de evidencias por técnicos del Ministerio Público y algunos interrogatorios preliminares, sin que hasta la fecha se hayan formulado cargos ni se conozca un cronograma procesal.

La consternación nacional ha dado paso a la incertidumbre. ¿Qué se sabe realmente del proceso judicial? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué no hay imputados? El tiempo avanza, pero las respuestas no llegan.

¿Y el informe técnico?

Una de las piezas clave para esclarecer lo ocurrido es el informe técnico estructural encargado a una comisión multidisciplinaria, liderada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie).

El pasado 26 de mayo, la comisión anunció que entregaría el informe preliminar en un plazo de dos semanas, es decir, este próximo lunes 9 de junio. Este documento detallará las posibles causas del desplome y será remitido directamente a la Procuraduría General de la República, encargada de la investigación penal.

 La comisión aclaró que los hallazgos no serán divulgados públicamente hasta que lo disponga el Ministerio Público.

Demandas y denuncias

Según datos ofrecidos por la Fiscalía del Distrito Nacional, hasta el momento se han presentado 17 querellas formales y 24 denuncias ante el Departamento de Atención del Sistema al Ciudadano. Estas acciones legales han sido interpuestas por familiares de fallecidos y sobrevivientes heridos.

Las demandas están dirigidas contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López y la empresa Inversiones E y L, SRL, responsable de la operación del establecimiento.

También se han presentado querellas contra el Estado dominicano y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, acusados de negligencia por no garantizar una supervisión adecuada de la estructura.

No obstante, muchos familiares no han podido iniciar procesos judiciales debido a dificultades con documentación médica, certificaciones legales, y los trámites para establecer tutores legales de menores huérfanos.

Antonio Espaillat: ¿colaborador o imputado potencial?

El empresario Antonio Espaillat, gerente de Inversiones E y L, se pronunció formalmente el 14 de abril mediante una carta enviada a la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en la que expresó su disposición a colaborar con la investigación.

En el documento, recibido el 15 de abril, Espaillat afirmó que su empresa acoge “con seriedad y compromiso” el proceso judicial y reafirma su voluntad de “colaborar con todas las autoridades competentes, en especial con el Ministerio Público, garante del interés general y de la búsqueda de la verdad”.

Su abogado Miguel Valerio también se pronunció, asegurando que su defendido cooperará con la justicia y que, en caso de demostrarse su responsabilidad, asumirá las consecuencias legales.

Pese a estas declaraciones, ni Espaillat ni ningún otro ejecutivo de la empresa ha sido llamado a declarar públicamente, ni se ha informado sobre medidas cautelares en su contra.

Autoridades en silencio

Desde el 10 de abril, cuando el Ministerio Público y el Ministerio de Salud Pública anunciaron un plan conjunto para agilizar las autopsias a las víctimas, no ha habido nuevas declaraciones oficiales sobre el caso. El silencio institucional persiste, profundizando la sensación de abandono entre las familias afectadas.

La única autoridad que se ha pronunciado públicamente hasta ahora es la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, quien en declaraciones a la prensa justificó el prolongado silencio institucional argumentando que “el Ministerio Público no está para hablar, sino para actuar”.

La población se pregunta cuándo habrá justicia. ¿Será a partir del próximo lunes, con la entrega del informe técnico, que el Ministerio Público finalmente actuará?

Entrega de pertenencias

El pasado 21 de abril, se completó la devolución de 39 vehículos que se encontraban en las inmediaciones del establecimiento tras el colapso.

Sin embargo, para la fecha, había pertenencias personales como carteras sin identificación, celulares y otros objetos que no habían sido reclamadas por falta de pruebas de propiedad.

Estos artículos permanecen bajo custodia en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicada junto al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Dolor, espera e incertidumbre

Mientras, la vida continúa con una herida abierta. Los sobrevivientes enfrentan secuelas físicas y psicológicas; las familias de los fallecidos luchan entre el duelo, los procesos legales y la espera por justicia.

A dos meses de la tragedia, el país sigue sin respuestas claras. Lo que comenzó como una noche de celebración se transformó en un símbolo de dolor colectivo. Y hoy, cuando se cumplen 60 días de aquel desastre, la espera por justicia se convierte en una segunda tragedia para decenas de familias dominicanas.

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