SANTO DOMINGO. Un total de 123,555 cuentas pertenecientes a personas fallecidas continúan registradas en los bancos de la banca múltiple en República Dominicana, sin que los fondos hayan sido entregados a sus familiares o herederos legales. Estas cuentas representan el 1.31% del total de cuentas activas en ese sector financiero, que suma 9,461,368 cuentas en total.

Aunque el porcentaje pueda parecer reducido, el monto acumulado en estas cuentas asciende a RD$9,593,712,891, según los datos más recientes. Esto equivale al 0.36% del total de las captaciones del sistema bancario, que se sitúan en más de RD$2.65 billones (2,650,799,092,033).

En muchos casos, estos fondos pueden permanecer inmovilizados durante años. Aunque los bancos deben seguir pagando la rentabilidad correspondiente por estos depósitos, no pueden hacer cargos ni disponer de los fondos, los cuales permanecen disponibles para ser reclamados por los legítimos herederos.

Las cuentas de personas fallecidas también representan un riesgo elevado de fraude, ya que al ser inactivas por largo tiempo, se convierten en objetivo de ataques cibernéticos y suplantaciones de identidad. Por esta razón, las entidades financieras están obligadas a mantener una mayor supervisión y control sobre este tipo de cuentas, para prevenir defraudaciones y garantizar la integridad del sistema.

Expertos en derecho bancario y sucesoral recomiendan a las familias actuar con prontitud tras el fallecimiento de un ser querido, gestionar la documentación requerida ante la entidad correspondiente y asesorarse legalmente para evitar que estos fondos permanezcan congelados indefinidamente.

Requisitos para reclamar fondos de clientes fallecidos

Ante ProUsuario (Superintendencia de Bancos):

Para iniciar el proceso de localización de cuentas o productos financieros de una persona fallecida, los familiares deben presentar:

• Solicitud de Información Financiera completada y firmada o una comunicación dirigida a la Superintendencia de Bancos (SB).
• Copia legible de la cédula del solicitante o certificación de identidad emitida por la JCE.
• Acta de defunción del fallecido emitida por la JCE o por una autoridad competente en el extranjero.
• Prueba del vínculo familiar (según el orden sucesoral):
• Actas de nacimiento (según corresponda).
• Actas de defunción de sucesores fallecidos.
• Acta de matrimonio que consigne la identidad de ambos cónyuges.
• Compulsa del Acto de Notoriedad, legalizada ante la Procuraduría General de la República.

Ante la Entidad Financiera (EIF):

Una vez localizada la cuenta, los familiares deben presentar directamente en el banco:

• Solicitud escrita y firmada.
• Copia de las cédulas de identidad del solicitante y del fallecido.
• Copia del acta de defunción.
• Copia del acta de matrimonio (si aplica).
• Poder especial (si el trámite lo realiza un tercero autorizado).

Tras la validación de estos documentos, la entidad financiera emite una certificación e inicia un proceso fiscal y legal para la liberación de los fondos.

Iniciativas del sector para mejorar el proceso

Ante la complejidad que representa la reclamación de fondos de cuentas pertenecientes a personas fallecidas, la Asociación de

Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) ha

incorporado el tema dentro del Plan de Trabajo Anual de su Comité Legal para el período 2025-2027.

Los miembros del Comité Legal de la ABA han identificado diversas oportunidades de mejora en el proceso y, como parte de sus acciones, crearon un Petit Comité especializado, el cual ya sostuvo su primera reunión.

De ese encuentro surgió un plan de acción basado en tres ejes fundamentales:

1. Estandarización de requisitos y documentación para facilitar y agilizar los trámites por parte de los familiares.
2. Acercamiento interinstitucional, con el fin de articular esfuerzos entre actores clave como la JCE, la PGR y otras entidades públicas.
3. Coordinación con el regulador (Superintendencia de Bancos) y otros gremios del sector financiero, para promover ajustes normativos o procedimentales que simplifiquen el acceso legítimo a los fondos.

Con estas acciones, la ABA busca reducir los tiempos de respuesta, fortalecer la transparencia y proteger tanto a los herederos como a las entidades frente a posibles fraudes o suplantaciones.