Entre 2022 y el primer semestre de 2025, la República Dominicana destinó RD$1,476 millones al Bono de Emergencia, un programa que transfiere recursos temporales a hogares vulnerables afectados por desastres naturales o accidentes graves, buscando mitigar impactos económicos y sociales inmediatos.

La protección social adaptativa busca incorporar la dimensión del riesgo ante desastres dentro de las políticas sociales del país. Según el Decreto 377-21, el Bono de Emergencia consiste en transferencias no condicionadas, otorgadas a familias identificadas como afectadas por eventos extremos, sin requerir acciones adicionales de los beneficiarios.

Para determinar elegibilidad, los hogares deben cumplir los criterios del Programa Supérate y ser clasificados mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), administrada por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Entre los beneficiarios recientes se incluyen afectados por el huracán Fiona (2022), la explosión en San Cristóbal y las lluvias de noviembre de 2023, inundaciones de 2024 y la tragedia del club Jet Set (2025).

Los desembolsos anuales reflejan la magnitud de los eventos y la respuesta fiscal: en 2022 se asignaron RD$535.65 millones, mientras que en 2023 el monto ascendió a RD$894.77 millones. En 2024 y 2025, los fondos destinados fueron menores, RD$37.5 millones y RD$9 millones, respectivamente, ajustados al tamaño y número de personas afectadas.

Como próximos pasos, el Ministerio de Hacienda y Economía, con apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, planea desarrollar una metodología oficial para cuantificar los pasivos contingentes asociados a desastres naturales y publicar una actualización del Perfil Nacional de Riesgo Catastrófico (CDRP), que incluirá la estimación de pérdidas económicas por inundaciones. Además, se trabaja en una Estrategia para la Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, que integrará estas amenazas en la planificación y presupuestación pública, fortaleciendo la resiliencia fiscal del país.