Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) registraron pérdidas totales equivalentes al 44.2% de la energía adquirida hasta agosto de 2025, según el Ministerio de Energía y Minas. Esto implica que gran parte de la energía pagada con recursos públicos no se factura ni se cobra, lo que aumenta la presión sobre las finanzas estatales.

El informe detalla que las EDE compraron 13,656.6 GWh, de los cuales 5,408.4 GWh no se facturaron, lo que representa el 39.6% del total. A esto se suma un 4.6% adicional correspondiente a energía facturada pero no cobrada. En conjunto, estos dos componentes explican el nivel de pérdidas reportado.

La persistencia del problema coincide con el incremento de las transferencias gubernamentales. De acuerdo con la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a septiembre de 2025 las EDE habían recibido RD$71,441.4 millones. Además, la última revisión presupuestaria elevó el monto asignado a RD$101,985.7 millones, por encima de los RD$83,360.7 millones inicialmente aprobados.

Responsabilidades y efectos sobre el sistema

A pesar de los recursos, el indicador de pérdidas no muestra mejoras significativas. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) plantea que “mientras el financiamiento provenga de fondos públicos, el costo de la ineficiencia se transfiere a los contribuyentes”. Según la entidad, este esquema diluye la responsabilidad por los resultados, dado que las distribuidoras no asumen riesgos directos ante su desempeño.

La estructura actual también condiciona la sostenibilidad del servicio eléctrico. CREES señala que avanzar hacia modelos en los que “los operadores respondan por resultados y se despolitice el sistema eléctrico” permitiría reducir el peso de las transferencias y mejorar la eficiencia.

Otros países de la región han enfrentado problemas similares. En mercados donde se han introducido contratos de gestión con metas de reducción de pérdidas —como Brasil o Colombia— los distribuidores están obligados a disminuir sus niveles de energía no facturada para mantener concesiones o acceder a incentivos. Estos esquemas han mostrado mejoras graduales en la recuperación de energía y en la estabilidad financiera de las distribuidoras. La recomendación del CREES se alinea con estas prácticas.