Santo Domingo. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó la sentencia contra la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) que establece una indemnización al abogado Julio Cury por RD$4.5 millones por daños morales, al considerar que el órgano fiscalizador actuó de manera antijurídica al incluir su nombre en comunicados de prensa sin que él fuera parte del contrato de servicios cuestionado.

La decisión, contenida en la sentencia SCJ-TS-25-1996, rechaza el recurso de casación interpuesto por la Cámara de Cuentas contra el fallo emitido el 31 de octubre de 2023 por la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que le ordenó el pago de la indemnización.

Los fundamentos de la condena

El tribunal de casación entendió que la utilización del nombre de Cury en notas informativas, emitidas mientras el organismo buscaba anular un contrato firmado con la firma Inteligencia Legal, SRL, generó un perjuicio que el abogado “no estaba obligado a soportar”.

La SCJ descartó que el fallo del TSA careciera de motivación, como alegó la Cámara de Cuentas, y valoró que los fundamentos eran “suficientes, pertinentes y coherentes”, permitiendo confirmar que hubo una correcta aplicación del derecho.

El contrato en disputa

En marzo de 2021, la Cámara de Cuentas contrató a Inteligencia Legal, SRL y al abogado Francisco Franco para presentar ante la Suprema Corte una acción en nulidad contra la orden de allanamiento emitida por la jueza María Garabito en perjuicio de su sede, así como para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional por un conflicto de competencia contra la Procuraduría General de la República.

Aunque los procesos estaban en estado de fallo, el Pleno de la Cámara de Cuentas, presidido entonces por Janel Ramírez, decidió desistir de ambas acciones.

Antecedentes judiciales

La Cámara de Cuentas no solo perdió este caso en el TSA y en la SCJ, sino también el proceso contencioso administrativo mediante el cual buscaba la nulidad del contrato.

La derrota judicial se suma a una serie de controversias legales y administrativas que han marcado el funcionamiento del órgano fiscalizador en los últimos años.