Santiago. La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso este martes tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes de la Policía Nacional y dispuso medidas menos severas contra otros siete, por su presunta implicación en la muerte a tiros de cinco hombres durante un operativo policial en el sector La Barranquita, al suroeste de esta ciudad.

Los agentes que cumplirán prisión preventiva son el sargento Hairo Mateo Morillo, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz y el cabo Yohandy Encarnación.

En tanto, los otros siete imputados deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos mediante una aseguradora, presentarse periódicamente ante las autoridades y no podrán salir del país. Se trata de los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; los tenientes Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.

El tribunal también dispuso una orden de alejamiento para todos los procesados, prohibiéndoles acercarse a las familias de las víctimas.

El grupo está acusado de la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly o Charli Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.

Según el expediente del Ministerio Público, el caso fue calificado de forma provisional como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.

El documento judicial detalla que los agentes llegaron al lugar en tres vehículos —dos automóviles, un Mazda y un Honda Civic, y un Kia K5 del 2013— y abrieron fuego sin mediar palabras contra las víctimas, acción que fue grabada por un testigo a quien los imputados supuestamente le arrebataron el teléfono para eliminar las pruebas.

Asimismo, se les acusa de haber sustraído los DVR de varios negocios del área y otros teléfonos móviles, con el propósito de borrar evidencias y entorpecer la investigación. Incluso, uno de los imputados habría contactado al propietario de un local cerrado para exigirle el sistema de grabación del negocio, el cual también se llevaron.