La reciente modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), aprobada por el Congreso Nacional, ha desatado una oleada de críticas en República Dominicana. Diversos gremios empresariales y productivos consideran que el nuevo marco regulatorio amenaza la libertad de empresa, impone cargas desproporcionadas y carece del diálogo técnico necesario para garantizar su viabilidad. ¿Qué establece la ley, por qué genera tanto rechazo y cuáles serían sus efectos reales?

¿Qué dice la modificación aprobada?

De acuerdo con Adocem, la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), Codopyme y asociaciones del turismo, la modificación introduce disposiciones que afectan la operatividad de múltiples sectores. El artículo 20, por ejemplo, obliga a la industria cementera a usar combustibles derivados de residuos en sus hornos, un proceso conocido como coprocesamiento.

Julissa Báez, directora ejecutiva de Adocem, señaló a Diario Libre que esta disposición vulnera la libertad de empresa consagrada en el artículo 50 de la Constitución. “No se puede imponer por ley el uso de un insumo específico sin considerar las condiciones técnicas y económicas”, afirmó, advirtiendo que actualmente el país carece de un mercado estructurado de combustibles alternativos para ese fin.

¿Por qué la industria se opone?

La Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem) aclaró que, aunque promueve el coprocesamiento como solución sostenible, no puede respaldar su imposición sin estudios técnicos, esquemas logísticos ni un marco regulatorio adecuado. Además, indicó que este artículo fue introducido sin debate transparente, pues no formaba parte del texto original de la ley.

Impacto económico para las mipymes

Para la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), la nueva ley significaría aumentos de entre un 160 % y un 500 % en las tasas de gestión de residuos. Según datos de la entidad, pequeños negocios pasarán de pagar RD$500 a RD$3,000, y empresas medianas enfrentarán alzas de hasta RD$675,000 anuales, sin gradualidad ni estudios de impacto.

“Advertimos que su entrada en vigencia puede traducirse en más informalidad, cierre de empresas, pérdida de empleos y mayor desigualdad”, expresó Codopyme, que anunció acciones legales para declarar inconstitucional la norma y consultas regionales para articular una respuesta colectiva.

Riesgos para la competitividad y la inversión

La Amchamdr también manifestó su preocupación, afirmando que el aumento del 275 % en la contribución especial para gestión de residuos no cuenta con respaldo técnico y pone en riesgo la competitividad económica y el clima de inversión. Criticó además que la ley restringe la libertad de disposición de residuos y promueve condiciones monopólicas, al establecer un solo relleno sanitario por provincia y excluir al sector privado del Fideicomiso de Residuos.

“Es esencial salvaguardar la libertad de empresa y promover la economía circular de forma inclusiva”, indicó la Cámara, que reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para lograr un marco regulatorio más equilibrado.

Turismo y hotelería advierten sobre el sargazo

Por su parte, más de una decena de asociaciones turísticas expresaron su inconformidad ante la omisión del sargazo como residuo en la normativa, pese a su grave impacto ambiental y económico en el sector. “Las inversiones turísticas destinan millones para enfrentar la llegada masiva de esta macroalga, sin apoyo efectivo del marco legal”, advirtieron.

También alertaron que la reforma limita la gestión directa de residuos por parte de las empresas, crea un sistema centralizado que eleva costos y reduce eficiencia, e impone una contribución especial basada en ingresos brutos, sin relación con el volumen o tipo de residuos generados.

Llamado a revisión y diálogo técnico

En conjunto, Adocem, Amchamdr, Codopyme y los gremios turísticos pidieron al Poder Ejecutivo observar la ley y abrir un proceso de revisión más técnico y participativo. Argumentan que, si bien apoyan la modernización del manejo de residuos, la modificación aprobada carece de equidad, genera distorsiones económicas y fue elaborada sin diálogo real con los sectores productivos.

“La ley contradice incluso el principio de Responsabilidad Extendida del Productor contenido en su propio texto, al trasladar la disposición final de los residuos a la industria cementera, que no es quien los genera”, subrayó Adocem.

La modificación de la ley de residuos evidencia el desafío de formular políticas públicas que equilibren sostenibilidad ambiental, viabilidad económica y seguridad jurídica. Mientras se definen los próximos pasos, la preocupación crece entre los sectores productivos sobre la posibilidad de nuevos costos operativos, cierre de empresas y disminución de la competitividad en un contexto ya retador para la economía dominicana.

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