La República Dominicana ha registrado un aumento en la frecuencia de desastres naturales en las últimas décadas, incluyendo huracanes, tormentas e inundaciones, que afectan infraestructuras, economía y población. Para responder a estos riesgos, el Estado ha establecido un marco legal, recursos presupuestarios y líneas de crédito contingente, cuyo uso depende de la declaración de emergencias.

Entre 1961 y 2024, se contabilizaron 90 eventos severos en el país, de los cuales el 47% fueron tormentas tropicales y el 38% inundaciones. Según el Índice de Riesgo INFORM 2025, la República Dominicana ocupa el puesto 71 a nivel mundial y el 11 en América Latina y el Caribe en vulnerabilidad ante desastres. Entre 2018 y 2024, estos eventos desplazaron a más de 42,000 personas, afectaron 31,802 viviendas y dañaron 41 puentes.

Los impactos económicos también han sido significativos. El huracán Georges (1998) provocó pérdidas equivalentes al 14% del PIB, mientras que las inundaciones de 2016-2017 superaron los US$957 millones. Los sectores productivos absorben aproximadamente el 60% de las pérdidas totales, y la infraestructura un 20%, según el Ministerio de Hacienda y Economía.

Para reducir riesgos, el país cuenta con la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, que creó el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. La Ley Orgánica de Presupuesto 423-06 asigna un 1% de los Ingresos Corrientes a calamidades públicas, mientras que el Poder Ejecutivo puede solicitar al Congreso un aumento de gasto hasta de 0.5% del PIB en emergencias. Estos fondos se han utilizado en eventos como las lluvias de 2017, el huracán Fiona (2022) y las inundaciones de noviembre de 2023.

En financiamiento externo, el país mantiene líneas de crédito contingente, incluyendo el Préstamo CAT-DDO del Banco Mundial por US$230 millones (segunda línea, 2022) y el crédito paramétrico del Banco Interamericano de Desarrollo por US$400 millones reformulados en 2024, del cual se han desembolsado US$106 millones hasta la fecha. A nivel interno, la Ley 183-02 permite préstamos del Banco Central de hasta el 2% del promedio de los últimos tres años de ingresos corrientes del Gobierno Central en caso de emergencia.

El sector agropecuario cuenta con un seguro estatal a través de AGRODOSA, creado por la Ley 157-09, que cubre pérdidas por fenómenos naturales. El subsidio estatal, gestionado por DIGERA, cubre entre el 25% y 50% del valor de la prima, dependiendo de las hectáreas aseguradas, según la Ley 197-11.

Estas medidas buscan reducir la vulnerabilidad fiscal y social, garantizando capacidad de respuesta ante fenómenos naturales, aunque la exposición del país sigue siendo alta debido a factores geográficos, climáticos y estructurales.