Santo Domingo. La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó sin efecto este viernes la sentencia que condenaba a Elizabeth Silverio a siete años de prisión, luego de considerar que se cometieron irregularidades en el proceso judicial en su contra.

Silverio había sido acusada de ejercer la neurociencia sin contar con los títulos académicos requeridos.

En ausencia de la imputada, el tribunal acogió los planteamientos de su defensa, quienes argumentaron que la condena contenía vicios que afectaban su validez legal. En consecuencia, los jueces ordenaron la realización de un nuevo juicio.

Según lo expresado en la resolución emitida, los magistrados identificaron en la sentencia previa, dictada el 21 de octubre de 2024 por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, “errores en la aplicación de normas jurídicas, una valoración incorrecta de las pruebas y falta de motivación suficiente en sus fundamentos”.

A raíz de estas conclusiones, se dispuso que otro tribunal del mismo nivel conozca nuevamente el expediente y realice un nuevo análisis de las pruebas presentadas tanto por el Ministerio Público como por la defensa de la acusada.

La Corte también ordenó remitir el caso a la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia, para dar curso al nuevo proceso judicial.

Próximo proceso

Con esta decisión, Elizabeth Silverio tendrá la oportunidad de presentar nuevamente las pruebas que, según su defensa, sustentan su presunta inocencia.

La anulación de la condena implica que el caso regresa a la etapa de juicio, donde un nuevo tribunal evaluará los elementos presentados por ambas partes y emitirá una nueva sentencia, que podrá ser absolutoria o condenatoria.

Pese a haber sido condenada, Silverio se mantenía en libertad, amparada en el artículo 441 del Código Procesal Penal, el cual permite que una condena quede en suspenso mientras el fallo es objeto de apelación, recurso que interpuso desde 2024.

La acusación contra Silverio se originó tras denuncias por realizar evaluaciones a menores con condiciones como hiperactividad, problemas de conducta o trastornos psíquicos, en un centro educativo ubicado en Gascue, actualmente clausurado.

Según la sentencia anulada, la imputada habría utilizado títulos falsificados para presentarse como profesional de la psicología y la neurociencia. En su centro, denominado Knowledge Land Kogland, atendía a niños con diversas necesidades y emitía diagnósticos.