El Gobierno dominicano impulsa la rehabilitación del Puerto de Manzanillo como parte de una estrategia para dinamizar la frontera noroeste, una de las zonas con menor nivel de desarrollo del país. El proyecto forma parte de la Estrategia de Desarrollo para la Zona Fronteriza (MiFronteraRD), respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y busca convertir la región del Cibao Noroeste en un polo logístico y productivo, alineado con los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Contexto: una región con desafíos estructurales

La frontera noroeste de la República Dominicana, especialmente la provincia de Montecristi, presenta bajos niveles de desarrollo económico, pobreza estructural y una limitada participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con el informe Avances en la Rehabilitación del Puerto de Manzanillo y su impacto para la Región Cibao Noroeste, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda.

La rehabilitación del puerto y el conjunto de obras asociadas se enmarcan dentro del programa “Frontera Productiva”, coordinado por el Ministerio de Hacienda con la colaboración de APORDOM, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Obras Públicas, el BID y la empresa GreEnergy.

“La rehabilitación del puerto es una de las intervenciones de inversión pública de mayor relevancia para la zona y la provincia de Montecristi, impulsando la competitividad y el crecimiento económico de la zona norte del país”, señala el documento del MEPyD (2022).

Qué propone el proyecto y cómo se estructura

La estrategia contempla la creación de una Zona Estratégica para el Desarrollo (ZED) que articulará tres infraestructuras clave:

1. El Puerto de Manzanillo, modernizado para manejar mayores volúmenes de carga.
2. Un puerto seco en el interior, que operará como punto logístico aduanero.
3. Una zona industrial del Norte, destinada a alojar empresas bajo distintos regímenes productivos.

Este “triángulo logístico”, según el informe, reducirá la presión de suelo sobre Manzanillo, creará una zona primaria aduanera inexistente hasta ahora en la frontera norte, y habilitará nuevas áreas industriales conectadas con los corredores productivos del Cibao.

Implicaciones para el territorio y el desarrollo

El proyecto no solo busca ampliar la capacidad portuaria, sino también reordenar el municipio de Pepillo Salcedo para garantizar condiciones de habitabilidad y uso de suelo compatibles con el desarrollo urbano y ambiental.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), estas acciones responden a los objetivos de:

• Reducir disparidades urbano-rurales e interregionales mediante un desarrollo territorial ordenado e inclusivo.
• Expandir la infraestructura y servicios de transporte y logística, orientados a la integración del territorio y a la competitividad internacional.
• Fomentar el empleo y la productividad económica, especialmente en sectores de alto valor añadido y uso intensivo de mano de obra.

Conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El programa se alinea con cinco ODS prioritarios:

• ODS 7: Energía asequible y sostenible.
• ODS 8: Crecimiento económico inclusivo y empleo decente.
• ODS 9: Infraestructura resiliente e industrialización sostenible.
• ODS 10: Reducción de desigualdades.
• ODS 11: Ciudades inclusivas y sostenibles.

Estos objetivos buscan que la infraestructura portuaria y logística actúe como motor de desarrollo regional, facilitando la integración de comunidades fronterizas a las cadenas de producción y comercio del país.

Antecedentes y experiencias comparables

Proyectos similares en América Latina, como la expansión del Puerto de Manta (Ecuador) y la modernización del Puerto de La Unión (El Salvador), han mostrado que la inversión en infraestructura portuaria puede diversificar economías regionales y mejorar la conexión con mercados internacionales, aunque su éxito depende de la articulación con políticas de formación laboral, planificación urbana y sostenibilidad ambiental.

En el caso dominicano, el reto principal radica en integrar la inversión física con la planificación territorial, evitando que el crecimiento portuario se desarrolle de forma aislada del tejido social y económico local.