Remesas bajo presión: lo que implica el nuevo impuesto propuesto por el Congreso estadounidense

Remesas bajo presión: lo que implica el nuevo impuesto propuesto por el Congreso estadounidense

Santo Domingo. La medida afectaría a millones de migrantes y elevaría aún más el ya alto costo de enviar dinero a República Dominicana

Una nueva disposición del Congreso de Estados Unidos, impulsada en el marco de un proyecto de ley promovido por el presidente Donald Trump y aprobado por la Cámara de Representantes, contempla aplicar un impuesto del 5% a las remesas enviadas por personas que no sean ciudadanas estadounidenses.

Este gravamen, dirigido a residentes permanentes, trabajadores temporales e inmigrantes indocumentados (un universo de aproximadamente 40 millones de personas) podría redefinir el flujo económico de las remesas y golpear directamente a la diáspora dominicana, que solo en 2024 envió más de US$10,756 millones a su país de origen, de acuerdo con cifras del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La propuesta se suma a una estructura ya costosa: República Dominicana es uno de los destinos más caros para enviar remesas en la región. A mediados de 2023, los costos promedios de transferencia alcanzaron 7.3 % por cada US$200, por encima del promedio regional (6.0%) y muy lejos del objetivo global de los ODS, que establece un límite del 3 %.

Si el impuesto de 5 % se aprueba, y se suma a estos costos, los dominicanos podrían terminar pagando entre 12 % y 14 % en total por cada envío, lo que equivale a pérdidas multimillonarias tanto para quienes remiten como para los hogares receptores.

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Una carga que se acumula

Un estudio del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo, dirigido por el experto Manuel Orozco, revela que el costo de enviar remesas desde EE. UU. y España promedia actualmente un 3.06 % por transacción de US$200. Eso se traduce en una pérdida anual de aproximadamente US$96 por persona. Al extrapolar esta cifra al total de operaciones registradas por el Banco Central, se estima que las comisiones superan los US$175 millones anuales, lo que equivale a más de RD$9,600 millones.

Sin embargo, al considerar que las remesadoras llegan a cobrar hasta un 19 % por transacción, y que el promedio real para República Dominicana ronda el 5.58 % (unos US$11.16 por cada US$200 enviados), el impacto acumulado anual podría ascender a US$176 por remitente y, en conjunto, hasta US$300 millones, o aproximadamente RD$17,703 millones en 2021.

Si el nuevo impuesto del 5 % entra en vigencia, estas cifras podrían incrementarse en al menos un 40 %, profundizando la erosión del ingreso disponible para los hogares que dependen de estas transferencias.

El incremento en los costos de remesas no solo representa una carga individual, sino también un riesgo macroeconómico. El Banco Central ha reiterado el papel estabilizador de las remesas en la cuenta corriente y su aporte a la demanda agregada.

Un mercado fragmentado y desinformado

El estudio también destaca que el 70 % de los migrantes dominicanos sigue utilizando efectivo para enviar dinero, y que solo el 30 % realiza transacciones electrónicas, a pesar de ser más baratas. Las comisiones por cambio de divisas (más elevadas que las tarifas por envío) agravan la situación, especialmente cuando el receptor exige recibir pesos, una moneda que solo puede cambiarse en el país, lo que encarece el proceso por la baja liquidez externa.

El informe recomienda aumentar el uso de tarjetas de débito y cuentas electrónicas, tanto para enviar como para recibir en dólares. De esta manera, se podrían reducir significativamente los costos, además de facilitar la inclusión financiera de las familias receptoras.

La posibilidad de que EE. UU. aplique un impuesto del 5 % a las remesas obliga a República Dominicana a revisar su posición frente al mercado de remesas, promover una mayor competencia y transparencia entre los intermediarios financieros, y acelerar políticas que reduzcan los costos para sus migrantes.

De no hacerse, el resultado podría ser una merma sustancial en el ingreso de millones de hogares dominicanos y una carga fiscal encubierta que afectaría de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables del país.

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