Para la semana del 2 de junio de 2025, República Dominicana registró un precio de US$4.90 por galón de gasolina premium, el combustible de mayor consumo del país, equivalente a RD$290.1. Esta cifra ubica al país como el tercero con el precio más alto de Centroamérica, superando el promedio regional de US$4.04 (RD$239.7), de acuerdo con datos recopilados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

El precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio se determina cada semana por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través de una fórmula que debería incluir el precio internacional del petróleo, los fletes, los márgenes regulados de comercialización e impuestos selectivos al consumo.

No obstante, según el CREES, la ausencia de criterios claros en la ley que regulen los subsidios permite una gran discrecionalidad por parte del Estado, generando distorsiones en el mercado.

Subsidios sin reglas claras y una carga impositiva rígida

Durante 2024, el Gobierno dominicano destinó RD$16,294.4 millones a subsidios para contener el alza de los precios de los combustibles, un incremento del 44.3 % frente a 2023. Solo entre enero y febrero de este año, los subsidios ascendieron a RD$2,612.6 millones, equivalente al 16 % del total anual asignado, según datos del Ministerio de Economía.

El problema, según CREES, no es solo cuánto se subsidia, sino cómo. La falta de transparencia y reglas claras para aplicar estos subsidios crea un sistema opaco, en el que las decisiones de precios pueden responder más a factores políticos que a los costos reales del mercado.

Esto limita la competencia, impide que los consumidores se beneficien de eventuales bajas en el mercado internacional, y desalienta mejoras en la eficiencia de la cadena de distribución.

Impuestos que distorsionan el mercado

Más allá de los subsidios, los altos precios están fuertemente influenciados por los impuestos. En República Dominicana, los combustibles están gravados con dos tipos de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC): uno específico, fijado por galón según la Ley 112-00 y ajustado trimestralmente por inflación, y otro ad-valorem del 16 % según la Ley 557-05, basado en el precio de paridad de importación.

Estos impuestos tienen múltiples fines: pagar deuda externa, financiar programas de energía alternativa y aportar ingresos a los partidos políticos.

Aunque el sistema busca incentivar un consumo responsable y promover energías más limpias, en la práctica genera inequidades: combustibles similares como la gasolina regular y el gasoil premium están gravados de forma distinta, lo que contradice principios tributarios de equidad y eficiencia.

Además, existen regímenes especiales de exenciones fiscales, como el Sistema de Devolución del ISC para empresas generadoras de electricidad o con contratos ratificados por el Congreso. Aunque el Decreto 275-16 mejoró la fiscalización y focalización de estas exenciones, persiste el debate sobre su impacto real en el sistema y su equidad.

Hacia una reforma estructural

De cara al futuro, el CREES plantea la necesidad de una reforma integral que simplifique el sistema tributario sobre los hidrocarburos, reduzca la carga impositiva y liberalice gradualmente el mercado de combustibles, como ya han hecho países como Guatemala o El Salvador.

Una estructura más transparente, predecible y competitiva permitiría reflejar con mayor fidelidad el costo real de los combustibles, reducir el peso fiscal sobre hogares y empresas, y establecer disciplina en el manejo de los recursos públicos. Para ello, será clave revisar el marco normativo vigente y repensar el papel de los subsidios como herramienta de política económica.