El Congreso Nacional aprobó de urgencia la reforma al Presupuesto General del Estado 2025, que implica un aumento neto de RD$69,740 millones en gasto público, principalmente en inversión de capital.

El Gobierno argumenta que esta medida es parte de una “política fiscal contracíclica”, es decir, un aumento del gasto público para mitigar los efectos de la coyuntura internacional y dinamizar la economía local.

El Ministerio de Hacienda explica que el dinero extra se usará en infraestructura, vivienda, transporte, agua potable, salud y programas sociales. Sin embargo, la decisión también elevará el déficit fiscal del 3 % al 3.47 % del PIB.

¿De dónde saldrá el dinero?

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, explicó que los fondos provendrán de recursos no ejecutados de años anteriores que permanecen en cuentas del Banco Central y Banreservas. Esto, según dijo, evita que el Estado tenga que tomar nuevos préstamos inmediatos, aunque el propio proyecto contempla una ampliación significativa en la autorización de endeudamiento: hasta RD$361,618 millones en bonos, que podrían emitirse tanto en el mercado local como en el internacional.

“Se trata de operaciones financieras normales, que permitirán mejorar el crecimiento y dinamismo de la economía”, aseguró Díaz.

Inversión pública como motor de crecimiento

Del aumento del gasto, un 20 % será destinado a inversión pública, es decir, proyectos de infraestructura y obras que buscan generar empleo y dinamizar sectores clave. Entre las entidades que recibirán fondos están el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, el INAPA, la OPRET y el Servicio Nacional de Salud, además de los gobiernos locales.

La apuesta del Ejecutivo es clara: usar la obra pública como palanca de crecimiento económico en un contexto internacional adverso.

El debate: dinamismo vs. sostenibilidad

El Gobierno insiste en que el aumento del déficit “es razonable” y cumple con la Regla Fiscal de la Ley 35-24, que establece límites a la política presupuestaria. No obstante, el nivel de endeudamiento genera dudas. Actualmente, la deuda pública supera el 60 % del PIB, y este proyecto incluye la autorización para emitir uno de los mayores montos de bonos de los últimos años.

Sectores críticos advierten que depender de fondos no ejecutados y deuda podría reflejar una debilidad estructural en los ingresos corrientes del Estado. Otros, en cambio, defienden que en momentos de desaceleración económica, el gasto público es indispensable para evitar una contracción.

El presupuesto reformulado pasará ahora al Senado para su revisión final. De aprobarse, significará que el Gobierno contará con más recursos inmediatos para infraestructura, salud y programas sociales, aunque a costa de un mayor déficit y un endeudamiento creciente.

El dilema de fondo es si esta apuesta logrará generar el crecimiento suficiente para compensar los compromisos fiscales adicionales o si, por el contrario, abrirá un nuevo frente de presión sobre las finanzas públicas dominicanas.

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