En 1999 entregaron el primer anteproyecto para modernizar el Código Penal.

Santo Domingo. Durante 25 años la República Dominicana ha intentado modernizar su Código Penal, pero una mezcla de debates éticos, presiones políticas y falta de consenso lo han mantenido congelado.

Pero, ¿cómo ha sido el periplo de este proyecto por el Congreso Nacional? ¿Qué ha impedido su aprobación? ¿En qué etapa se encuentra actualmente?

En el 1997 se marca el inicio de este recorrido, cuando el entonces presidente de la República Leonel Fernández, creó una comisión para sustituir una ley vigente desde el siglo XlX. Un Código Penal que data desde hace casi 200 años, inspirado en el Código Penal Francés de 1832.

En 1999 la comisión entregó el primer anteproyecto de ley, y desde entonces el país ha vivido una espera atrapada en promesas truncadas.

En el 2006 el proyecto de modernización del Código Penal fue aprobado por el Congreso Nacional, pero observado por el propio presidente Fernández. En el 2014, bajo el gobierno del presidente Danilo Medina, se incluyeron crímenes como el feminicidio, el sicariato y la corrupción. Pero tampoco prosperó.

El artículo sobre las tres causales para la interrupción del embarazo es el punto más conflictivo durante todo el proceso. Este tema ha paralizado el debate legislativo, una y otra vez.

Pero no es el único obstáculo que se ha presentado en el proceso de aprobación del nuevo Código Penal.

Más allá de las causales

La corrupción también ha sido un tema álgido. La propuesta original buscaba que el delito sea imprescriptible. Sin embargo, fue modificada y se colocó que la corrupción prescribiría a los 20 años después de dejar el cargo. Una decisión que muchos consideran da amparo a la impunidad.

Otros artículos que han generado controversia son las exoneraciones penales a iglesias, entidades del Estado, la eliminación de la protección explícita contra castigos a menores, el abusos de autoridad y el registro legal sin consecuencias claras. 

Por otro lado, está un punto que generó también preocupación: los delitos cometidos por militares en ejercicio de sus funciones que estaban establecidos que serían juzgados únicamente por tribunales militares.

Este 2025 el proyecto volvió a avanzar. Fue aprobado en primera lectura por ambas cámaras, pero en la segunda lectura se cayó por falta de consenso. Ahora, la comisión especial que lo estudió rinde su informe, y con él se conocerá este proyecto con más de 400 artículos.