La decisión del Parlamento iraní de cerrar el estratégico estrecho de Ormuz, en respuesta a recientes bombardeos de Estados Unidos, ha encendido las alarmas en los mercados internacionales ante un posible incremento del precio del petróleo a entre US$90 y US$130 por barril.

Aunque República Dominicana importa menos del 1 % de su crudo desde esa región, el verdadero impacto sería indirecto: el alza global del petróleo afectaría de forma inmediata las finanzas públicas del país, elevando el gasto en subsidios, presionando el déficit fiscal y encareciendo sectores clave como el transporte, la electricidad, los alimentos y el turismo.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, y por él transita más del 20% del crudo mundial. Su cierre podría empujar los precios del petróleo por encima de los US$90 por barril, según estimaciones de Goldman Sachs.

La República Dominicana ya importa alrededor de 76 millones de barriles al año, por lo que cada dólar adicional en el precio del crudo implica US$76 millones más en la factura petrolera nacional.

Un golpe directo al presupuesto de 2025

El presupuesto general de 2025 había calculado el precio promedio del barril WTI en US$81.30, pero fue ajustado dos veces a la baja: a US$70.70 en marzo y luego a US$61.90 en junio. Sin embargo, de mantenerse el barril en US$90, el promedio cerraría el año en US$79.50, generando una factura total de US$5,049 millones, un 6.6% más que en 2024.

Las proyecciones para 2026 podrían ser más severas. Con precios promedios de US$77 por barril, el gasto se elevaría a US$5,852 millones, US$800 millones más que el año anterior.

El impacto más inmediato sería sobre los subsidios a los combustibles. Actualmente, el Gobierno ha destinado RD$192.3 millones semanales, pero este monto ha llegado ya a RD$214.4 millones, su nivel más alto desde abril. Expertos anticipan que, de mantenerse la tendencia, los subsidios semanales podrían alcanzar entre RD$700 y RD$800 millones, una carga insostenible para las finanzas públicas.

Los analistas sugieren reformular el esquema de subsidios, priorizando el gas licuado de petróleo (GLP) y el gasoil regular, y limitando el apoyo a las gasolinas premium. Esta medida permitiría focalizar el gasto en los sectores más vulnerables y reducir el impacto fiscal.

Efectos en transporte, alimentos y electricidad

El aumento del fuel oil afectaría directamente los fletes marítimos y los precios del transporte, tanto de carga como de pasajeros. Mario Díaz, de Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), advirtió que esta situación podría derivar en un encarecimiento de la cadena alimentaria, golpeando de forma desproporcionada a los sectores más empobrecidos.

Las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) también podrían ver crecer su déficit comercial por el aumento en el precio del gas natural y del fuel oil, situación que implicaría mayores subsidios del Estado y un aumento del déficit fiscal.

Turbulencias económicas y geopolíticas

El economista Antonio Ciriaco Cruz advierte que la situación podría generar inflación en transporte, energía y alimentos. Sugiere ampliar los subsidios de emergencia y estimular la producción de alimentos de ciclo corto para contener los efectos.

A su vez, el politólogo Luis González advierte que el conflicto también podría perjudicar las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos, que representan el 60% del total, si ese país concentra sus esfuerzos en la guerra y reduce su demanda comercial.

Aunque solo el 0.4% del petróleo importado por el país proviene de naciones que comercian vía Ormuz, el impacto indirecto será global. “Mayor precio del petróleo implica que el país deberá buscar más dólares para importarlo”, dijo el economista Richard Medina, quien también alertó sobre un posible aumento del endeudamiento público si el Gobierno busca sostener el subsidio energético.

¿Qué puede hacer el país?

Tanto Medina como Fenattransc coinciden en que el Gobierno dominicano debe actuar con urgencia, elaborando un plan de contingencia interinstitucional que garantice el suministro de combustibles y mitigue el impacto de la volatilidad internacional. Esto incluiría buscar nuevos suplidores, diseñar mecanismos de estabilización de precios y mantener informada a la población.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes ha dicho que monitorea constantemente el escenario. Sin embargo, la comunidad internacional permanece en vilo: si el conflicto se prolonga, algunos analistas internacionales no descartan precios de hasta US$300 por barril, un escenario extremo que tendría consecuencias devastadoras para la economía mundial y el turismo global.