La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación formal contra el presidente salvadoreño Nayib Bukele y altos funcionarios de su Gobierno por supuestos malos tratos, torturas y violaciones de derechos humanos cometidos contra migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador.

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó que también investigan al ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, y al director de Centros Penales, Osiris Luna, por delitos que incluyen tortura, tratos crueles, desaparición forzada y asociación para delinquir.

¿Por qué los venezolanos estaban presos en El Salvador?

Estos migrantes fueron deportados en 2024 por el Gobierno de Donald Trump bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permitió expulsarlos sin presentar pruebas formales de que pertenecieran al Tren de Aragua, banda criminal venezolana que Trump declaró organización terrorista.

Tras su llegada, fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por Bukele para su guerra contra las pandillas, donde organizaciones de derechos humanos han documentado centenares de muertes, torturas y hacinamiento extremo.

El viernes 18 de julio de 2025, como parte de un complejo acuerdo tripartito, Venezuela repatrió a 252 migrantes venezolanos desde El Salvador y liberó a cambio a 10 ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en su territorio. 

Este intercambio diplomático benefició tanto al Gobierno de Nicolás Maduro, que logró repatriar a sus nacionales, como a Estados Unidos, que recuperó a sus connacionales, y a Bukele, quien recibió US$6 millones de Trump en 2024 para alojar a los migrantes deportados.

Sin embargo, el regreso de los venezolanos destapó graves denuncias: el fiscal Saab presentó testimonios en video de repatriados que aseguran haber sufrido golpes, perdigones, abusos sexuales, alimentación podrida, aislamiento extremo y tortura psicológica. Maduro afirmó que uno de los liberados perdió un riñón por palizas recibidas.

El presidente salvadoreño reaccionó vía X afirmando que “el régimen de Maduro” se indignó tras el canje porque “se dieron cuenta de que se quedaron sin rehenes del país más poderoso del mundo”. 

Bukele criticó la investigación, alegando que Venezuela aceptó el trato y ahora protesta solo porque ya no tiene rehenes estadounidenses para negociar.

¿Qué implica esta disputa?

El caso expone:

• La instrumentalización política de migrantes como fichas diplomáticas entre gobiernos.
• La precariedad legal en la que quedaron estos venezolanos deportados sin proceso judicial bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de EE. UU.
• Las tensiones crecientes entre Venezuela y El Salvador, un país con políticas penitenciarias fuertemente criticadas por organismos internacionales.

Aunque Venezuela acusa a El Salvador de cometer crímenes de lesa humanidad contra los migrantes, la administración de Maduro enfrenta a su vez una investigación en la Corte Penal Internacional por torturas y detenciones arbitrarias contra opositores políticos.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la situación de derechos humanos en Venezuela “se ha deteriorado” desde mayo de 2024, lo que Saab calificó como un “informe injerencista”.

Al regresar a Venezuela, los 252 migrantes repatriados permanecían bajo revisión de salud, migratoria y de antecedentes penales. Muchos no se habían reencontrado aún con sus familias. Mercedes Yamarte, madre de Mervin, liberado tras cuatro meses preso en El Salvador, dijo que escucharlo de nuevo fue “una alegría que no puedo describir”.

El enfrentamiento entre Bukele y Maduro revela las complejas conexiones entre migración, seguridad y geopolítica en la región. 

Mientras la investigación de Venezuela avanza, las denuncias de tortura y las críticas cruzadas entre ambos presidentes elevan la tensión diplomática, con los migrantes como víctimas principales de un conflicto en el que sus derechos han sido sistemáticamente vulnerados.

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