Santo Domingo. Se aplazó hasta el próximo lunes 14 de julio la audiencia para conocer las medidas de coerción contra los implicados en la denominada Operación Lobo, una investigación que reveló la existencia de una supuesta estructura de corrupción administrativa integrada por altos mandos militares y civiles.

La decisión fue tomada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego de que los abogados defensores solicitaran más tiempo para estudiar el voluminoso expediente presentado por el Ministerio Público.

El documento tiene unas 450 páginas e incluye más de 500 pruebas entre documentos, testimonios, peritajes y evidencias materiales.

¿Qué es la “Operación Lobo”?

Se trata de un operativo desarrollado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que permitió identificar y arrestar a diez personas señaladas por supuestamente operar una red de corrupción que utilizaba sobornos y tráfico de influencias para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones del Estado.

¿Quiénes están implicados?

Entre los arrestados figuran:

            •         Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército.

            •         Los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez.

            •         Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel de la Fuerza Aérea.

            •         Wellington Peralta Santos, primer teniente del Ejército.

            •         Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional.

            •         Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario.

            •         Bolívar Nicolás Fernández Espinal, civil.

¿Cómo operaba la red?

Según la acusación, la estructura se valía de su posición de poder para manipular contrataciones de seguridad privada a cambio de sobornos. Estas operaciones afectaron directamente a entidades como:

            •         INAIPI (Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia)

            •         SENASA (Seguro Nacional de Salud)

            •         Las distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste

El Ministerio Público acusa al grupo de los delitos de asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.

¿Qué pide el Ministerio Público?

Los fiscales solicitaron que el caso sea declarado complejo y que se imponga 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para los imputados.

Además, se espera que durante los próximos días se profundice en los vínculos entre los acusados y las operaciones que realizaban dentro de diferentes instituciones públicas.

La investigación se originó a partir de una denuncia formal enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

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