En la República Dominicana existe un promedio de 54,7 % de informalidad laboral, según el Boletín Competitivo Regional publicado este miércoles por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

El informe destaca a otras naciones como Guatemala, quien encabeza la lista con una tasa de informalidad del 83,2 %, seguido por Honduras con el 82,6 %, mientras que países como Costa Rica (37,4 %) refleja niveles considerablemente más bajos junto a nuestra nación.

De su lado, en El Salvador registra una informalidad del 66,5 %, Nicaragua 63 % y Panamá 58,7 %, detalló el documento.

«La informalidad laboral sigue siendo uno de los principales frenos para la productividad en la región», señala el boletín, al tiempo que advierte que millones de trabajadores se ven obligados a recurrir a este tipo de empleo ante la falta de oportunidades en la economía formal.

Esta situación incrementa los «niveles de vulnerabilidad y precariedad» laboral, y limita el acceso a derechos fundamentales como la protección social, condiciones laborales dignas y seguridad en el empleo.

«En países como Honduras y Guatemala, 8 de cada 10 trabajadores están dentro de la informalidad, esto no sucede por elección, sucede por la falta de oportunidades reales, y cambiar esta realidad debe ser una prioridad en nuestras políticas públicas», afirmó Alejandro Kaffati, oficial de Política Económica del Cohep, la principal cúpula del sector privado en Honduras.

En 2024, Centroamérica y República Dominicana alcanzaron un Producto Interno Bruto de 498,000 millones de dólares, con un crecimiento de 2,8 %, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señaló.

Kaffati subrayó que países como Honduras, El Salvador y Nicaragua solo contribuyeron entre el 4 % y el 7 % del PIB total regional, lo que, a su juicio, “obliga» a los países a trabajar en «cómo dinamizar nuestras economías desde adentro”.

Además del impacto individual, el Cohep advierte que la informalidad afecta a toda la economía, al reducir ingresos públicos, limitar la capacidad del Estado para atender las necesidades sociales, así como la sostenibilidad de las empresas formales.

La informalidad es un «obstáculo para los derechos de los trabajadores, con inclusión de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, así como para la protección social y las condiciones de trabajo docente», añadió.

También asegura que la mayoría de las personas que se incorporan a la economía informal «no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento».

Por EFE