El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) emitió un memorándum que amplía los casos en que la ciudadanía estadounidense puede ser revocada a personas naturalizadas. Esta medida, impulsada por la Administración Trump, permite despojar de su nacionalidad a quienes hayan cometido delitos graves o incurrido en fraude migratorio, lo que refuerza su política antiinmigrante y genera cuestionamientos sobre su alcance y arbitrariedad.

Quiénes podrían perder la ciudadanía estadounidense

El documento, fechado el 11 de junio, faculta al DOJ para iniciar procedimientos civiles de desnaturalización contra personas naturalizadas que hayan obtenido su estatus mediante fraude, declaraciones falsas u ocultamiento de información relevante durante el proceso migratorio.

Entre las categorías prioritarias para la revocación se incluyen:

• Terroristas convictos o con nexos con espionaje y amenazas a la seguridad nacional.
• Personas involucradas en crímenes de guerra, tortura o violaciones de derechos humanos.
• Miembros de pandillas, cárteles de drogas, traficantes de personas o condenados por delitos sexuales y violentos.

También contempla casos de fraude financiero o médico contra programas federales como Medicare y Medicaid, así como fraude en el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

El proceso: sin derecho a abogado y con amplias discrecionalidades

La desnaturalización se tramitará por la vía civil, un procedimiento en el que los acusados no tienen derecho a un abogado provisto por el Estado, a diferencia de los procesos penales. Según expertos como Cassandra Robertson, profesora de Derecho de la Universidad Case Western Reserve, esto facilita al gobierno revocar la ciudadanía más rápidamente, pues la carga probatoria es menor y se agiliza la conclusión de los casos.

El memorándum aclara que la División Civil mantiene discreción para perseguir casos fuera de las categorías listadas, lo que ha despertado preocupaciones sobre posibles arbitrariedades. “Muchas de las categorías son tan vagas que carecen de sentido. Ni siquiera está claro a qué se refieren”, advirtió Steve Lubet, profesor emérito de la Universidad Northwestern.

Implicaciones políticas y precedentes históricos

La desnaturalización fue utilizada ampliamente en la era McCarthy, en los años 40 y 50, para perseguir supuestos comunistas. Durante la presidencia de Barack Obama, se reforzó contra casos de fraude migratorio gracias a herramientas digitales que permitieron detectar solicitudes fraudulentas.

Sin embargo, la Administración Trump busca expandir su aplicación como parte de su política antiinmigrante. El fiscal general adjunto, Brett Shumate, afirmó que la desnaturalización será una de las cinco prioridades de la División Civil, junto con medidas como la persecución de ciudades santuario y la investigación de políticas de diversidad en entidades federales.

Casos recientes y cuestionamientos constitucionales

Uno de los casos recientes es el de Elliott Duke, exmilitar británico que adquirió la ciudadanía estadounidense y fue desnaturalizado tras ser condenado por distribución de material de abuso sexual infantil. Al haber renunciado a su ciudadanía británica, Duke quedó apátrida.

Organizaciones de derechos civiles y expertos migratorios advierten que estas medidas podrían afectar a millones de ciudadanos naturalizados y sus familias, redefiniendo quién es considerado “estadounidense” y generando un clima de inseguridad jurídica, en especial para hijos de naturalizados que obtuvieron su nacionalidad derivada.

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