Santo Domingo. El movimiento cívico Participación Ciudadana denunció un incremento “histórico” y desproporcionado en el gasto en publicidad oficial del Gobierno dominicano, que durante el primer cuatrimestre de 2024 alcanzó los 3,121 millones de pesos, lo que representa un aumento de más del 500 % con respecto a los 491 millones registrados en el mismo período de 2023.

La organización, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, atribuye este aumento a una gestión poco transparente y a una posible utilización política de los recursos públicos, especialmente en un año electoral. Aunque reconocen que en 2025 el gasto se redujo a 2,445 millones en el mismo período, Participación Ciudadana advierte que sigue siendo una cifra muy por encima de los niveles previos.

Entre las instituciones que más incrementaron sus partidas publicitarias señala la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el programa Supérate y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

Denuncian opacidad y posible uso clientelar

Participación Ciudadana cuestiona que no existan datos públicos sobre los criterios utilizados para contratar campañas publicitarias, la distribución de los fondos entre medios ni los objetivos institucionales de dichas acciones.

“No hay trazabilidad pública de los beneficiarios de contratos multimillonarios, lo que viola los principios de rendición de cuentas consagrados en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones”, afirmó el movimiento.

Esta falta de transparencia, sostiene la entidad, impide saber si el dinero público se está utilizando de forma correcta o si está sirviendo para alimentar estructuras clientelares con fines electorales encubiertos.

Ante este panorama, Participación Ciudadana solicitó a la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) la publicación inmediata de todos los contratos de publicidad oficial correspondientes a los primeros cuatrimestres de 2023, 2024 y 2025. La organización exige que se incluya el detalle de los montos contratados, los medios beneficiados, los objetivos institucionales y los criterios técnicos de selección.

Además, demandó que cada contratación sea justificada conforme a lo establecido en el Decreto 1-24, que prohíbe la publicidad oficial con fines políticos o propagandísticos, y en el Manual de Procedimientos de Excepción de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Limitar gasto en años electorales

Como medidas de control, Participación Ciudadana propone una auditoría independiente y urgente del gasto en publicidad estatal durante los primeros cuatrimestres de los años 2023, 2024 y 2025, así como la creación de un sistema permanente de monitoreo ciudadano que vigile el uso ético de los recursos públicos.

Finalmente, llamó a establecer regulaciones legales vinculantes que limiten estrictamente el gasto en publicidad oficial durante los años electorales, con el fin de evitar su uso partidista y garantizar la equidad democrática.

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