El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar acusación formal contra los diez imputados de la Operación Búfalo NK, una presunta red internacional de narcotráfico con ramificaciones en Colombia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

La decisión fue adoptada por la jueza Yanibeth Rivas, en atención a la complejidad del expediente, declarado como tal desde el 5 de octubre de 2024 por el juez Rigoberto Sena, quien también impuso prisión preventiva contra ocho de los acusados, incluidos los supuestos cabecillas de la organización.

Entre los imputados bajo prisión preventiva figuran Rafael Ynoa Santana, Isidoro Rotestán Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henríquez Tavárez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier. Ynoa Santana cumple la medida en La Romana, mientras que los demás están recluidos en Najayo Hombres, San Cristóbal.

En tanto, las acusadas Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana permanecen en libertad bajo medidas de coerción que incluyen impedimento de salida del país y garantías económicas de RD$500,000 y RD$200,000, respectivamente.

Durante la audiencia de medidas, tres imputados admitieron su implicación, entre ellos Ynoa Santana y su pareja Germania Román, fortaleciendo la posición del Ministerio Público que sostiene que este caso contiene todos los elementos del crimen organizado, incluyendo tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores.

La red fue desmantelada en un operativo conjunto realizado en septiembre de 2024 en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná, con participación de la DNCD, el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado y cooperación internacional de la DEA y el Comando Sur de EE. UU.

Según la acusación preliminar de más de 200 páginas, los implicados movilizaban grandes cargamentos de droga desde Sudamérica en lanchas rápidas y barcos pesqueros, utilizando a República Dominicana y Puerto Rico como puntos estratégicos para su posterior envío hacia Estados Unidos y Europa, donde el valor de la droga se triplicaba, generando enormes beneficios a la red.

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