Santo Domingo, D. N: La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), que es la entidad encargada de supervisar a las ARS, empezó a detectar problemas cuando realizó su informe de supervisión del 2024 sobre los servicios pagados por SeNaSa en el Régimen Subsidiado durante 2023 y 2024.

En esa revisión, la SISALRIL encontró que los reportes de servicios enviados por dos proveedores, KHERSUM, S.R.L. y DELESTE, S.R.L., no cuadraban.
Estos centros decían que habían atendido a afiliados que, en las fechas indicadas, ni siquiera estaban en el Régimen Subsidiado.

Además, SeNaSa no pudo demostrar cuántos afiliados realmente recibían servicios en los centros vinculados a DELESTE. También aparecieron registros con números de cédula y NSS erróneos, y reportes de servicios de Khersum que figuraban fechados antes de que la empresa fuera contratada, lo cual levantó más sospechas.

Otro punto extraño fue que DELESTE decía trabajar principalmente en la región Este, pero la mayoría de sus centros (21) estaban en el Gran Santo Domingo. De esos, 17 también aparecían en la lista de centros vinculados a Khersum, lo que hacía los reportes aún más dudosos.

SISALRIL señaló que en los pocos centros que DELESTE no compartía con Khersum, casi no había visitas de afiliados, y que SeNaSa tampoco logró demostrar que estos centros ayudaban a descongestionar la red pública, como había argumentado durante la auditoría. Tampoco se encontraron reportes de visitas domiciliarias que debían estar incluidas en los contratos.

Al final, las auditorías revelaron un esquema fraudulento de contrataciones, donde KHERSUM y DELESTE recibían pagos mensuales fijos, aunque no ofrecieran los servicios. También descubrieron contratos con empresas de alimentos, Nutrimed y Flavorheart Food Parts, para suplir proteínas que ni siquiera estaban dentro del Plan de Servicios de Salud.

A esto se sumaron contratos con centros como la Clínica Cruz Jiminián, Unidad de Terapia Física Figueroa, Centro Médico Daysi Cemeda, y la entrada de clínicas privadas como Siglo XXI y Centro Médico UCE a la red pública, pero con tarifas de centros privados.

Todo este conjunto de irregularidades provocó que el gasto de salud de SeNaSa se disparara en apenas uno o dos años.