Santo Domingo.- El expediente presentado por el Ministerio Público sobre el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa)   detalla presuntas irregularidades en contratos suscritos entre este organismo y la empresa Nutrimed Marine Alvarado SRL, por medio del cual alegadamente se construyó un entramado de corrupción que habría operado desde el 2020.

La investigación describe cómo la entidad estatal y la compañía privada habrían sido utilizadas para facilitar pagos irregulares y violaciones a los procedimientos administrativos en el sistema público de salud.

El papel de Nutrimed

Según la acusación, en septiembre de 2020, la doctora Milagros Almonte, CEO de Nutrimed, traspasó el 50 % de las acciones de la empresa a Cinty Acosta Sención, quien pasó a ser codueña junto a Richard de Jesús Marine Alvarado.

A partir de ese momento, Acosta Sención asumió el rol de gerente comercial y financiera, una posición estratégica en el manejo de las operaciones económicas de la compañía.

El Ministerio Público sostiene que el acuerdo de traspaso incluyó un elemento clave: Acosta Sención habría exigido recibir el 40 % del ingreso bruto del Programa de Suplementación y Nutrición para Adultos Mayores, financiado por Senasa, como condición para integrarse al negocio.

A pesar de no contar con autorización del Ministerio de Salud Pública, requisito legal indispensable, Nutrimed Marine Alvarado SRL firmó un contrato con Senasa el 5 de octubre de 2020.

Este acuerdo, rubricado por el entonces director ejecutivo Santiago Hazim, establecía servicios destinados originalmente a los afiliados del régimen contributivo, sin incluir productos nutricionales.

Sin embargo, apenas diez días después, el 15 de octubre, se firmó un adendo que modificó sustancialmente el contrato original. Según el Ministerio Público, este cambio alteró la población beneficiaria, trasladando el programa al régimen subsidiado, un segmento con mayor cantidad de afiliados y mayor impacto presupuestario.

El adendo también incorporó la entrega de kits nutricionales valorados entre RD$3,275.00 y RD$5,275.00 por afiliado. Para algunos de estos productos, como Revidox y Sarcodym, los registros sanitarios solo fueron emitidos meses después, en julio y septiembre de 2021, lo que indica que fueron contratados sin la aprobación reglamentaria correspondiente.

Presunta red de sobornos vinculada a los contratos

El Ministerio Público señala que la empresa Nutrimed habría sido utilizada como plataforma para canalizar pagos ilícitos al titular de Senasa.

La imputada Cinty Acosta Sención, según la investigación, destinaba mensualmente el 30 % del dinero recibido de Senasa al pago de sobornos exigidos para mantener el programa en funcionamiento.

Como parte de la supuesta red participaron, José Pablo Ortiz Giráldez y Germán Rafael Robles Quiñones habrían operado como intermediarios para recibir, mover y disimular el origen de los fondos.

En particular, Ortiz Giráldez habría utilizado la empresa OGSS Prestadora de Servicios de Salud SRL para simular transacciones comerciales inexistentes que justificaran el flujo de dinero.

El expediente detalla que, según declaraciones y registros obtenidos, al recibir la notificación de rescisión del contrato por parte de Senasa en febrero de 2021, Acosta Sención se reunió con Hazim Albainy, quien supuestamente aseguró que “no se preocuparan” y que enviaría un intermediario para gestionar la continuación del programa, dando paso a las exigencias del pago del 30 %.

Irregularidades en el programa nutricional

El Ministerio Público señala que la presunta red de corrupción no sólo implicó sobornos, sino que también afectó la calidad y la transparencia del servicio ofrecido a los afiliados del sistema público.

Un informe, elaborado por la Dirección de Aseguramiento en Salud del Régimen Contributivo y Planes de la Sisalril, indica que no existen evaluaciones que permitan medir los resultados del programa. Tampoco hay indicadores que demuestren mejoría en los usuarios, evolución nutricional o beneficios clínicos a corto, mediano o largo plazo.

Estos hallazgos, señala la acusación, refuerzan la hipótesis de que el programa habría sido utilizado como un instrumento para canalizar fondos de forma irregular, más que como un servicio destinado genuinamente a mejorar la salud de los afiliados.

Proceso judicial en curso

Los imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia, mientras el caso continúa en proceso judicial.

La acusación, considerada una de los más delicadas relacionadas con el sector salud en los últimos años, expone la presunta existencia de un entramado que entrelaza intereses privados, decisiones administrativas y el desvío de fondos públicos destinados a sectores vulnerables del país.

Las autoridades aseguran que seguirán profundizando en la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer por completo la magnitud del esquema.