Familiares de víctimas del Jet Set demandan al Estado por casi RD$2,000 millones

Familiares de víctimas del Jet Set demandan al Estado por casi RD$2,000 millones

Santo Domingo. Familiares de las víctimas del derrumbe de la discoteca Jet Set interpusieron una demanda patrimonial contra el Estado dominicano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y al exministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, por su presunta responsabilidad en la tragedia ocurrida en el centro de entretenimiento.

De acuerdo con un documento dado a conocer por los abogados de los familiares, la demanda fue presentada el 29 de enero de 2025 ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y asciende a RD$1,983,670,353.96, monto que incluye RD$909,949,854.05 por daños materiales y RD$1,073,720,499.91 por daños morales.

Según los demandantes, el Estado y las demás entidades accionadas incurrieron en una omisión antijurídica al no cumplir con las leyes y normativas que regulan la supervisión y seguridad de edificaciones, entre ellas la Ley 674 de 1944, la Ley 6232 de 1963, el Decreto 596-06 y la ley que creó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.

La demanda se refiere específicamente a la muerte de nueve personas y a las lesiones sufridas por otra víctima, cuyos nombres figuran en el expediente.

Asimismo, los abogados explicaron que el exministro Carlos Bonilla fue incluido en la acción judicial por ser el funcionario responsable al momento de los hechos, mientras que la alcaldesa del Distrito Nacional no fue demandada debido a que el funcionario con competencia legal directa en Planeamiento Urbano, Christian Alejandro Tejeda Pichardo, falleció en el derrumbe de la discoteca.

En el documento, los familiares de las víctimas también rechazan las declaraciones del presidente Luis Abinader sobre la existencia de un supuesto vacío legal y critican la falta de medidas para reparar los daños ocasionados a huérfanos y demás parientes de las personas fallecidas.

Con esta acción judicial, los familiares buscan que se establezca la responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios involucrados, así como una indemnización por los daños sufridos.

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