La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), junto a otros gremios empresariales, presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra los artículos 5 y 16 de la Ley núm. 98-25, al considerar que introducen cargas económicas y administrativas que impactan de forma desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

La acción fue interpuesta por Codopyme, que agrupa a más de 60 asociaciones, junto a la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (Aneih), la Unión Nacional de Empresarios (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC). Las entidades solicitan que se declare la no conformidad con la Constitución de los artículos impugnados de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, por entender que afectan principios fundamentales como la equidad tributaria, la libertad de empresa y la participación efectiva.

Según explicaron, el artículo 5 establece una “contribución especial” calculada sobre los ingresos brutos de las empresas, sin vinculación directa con la cantidad real de residuos generados. De acuerdo con el bloque empresarial, esta fórmula ha provocado aumentos de hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con el esquema previsto en la legislación anterior. Fernando Pinales, presidente de Codopyme y vocero del grupo, señaló que “la normativa impugnada impone cargas que no guardan relación con la capacidad contributiva ni con la generación efectiva de residuos”.

Los gremios también advirtieron que la ley obliga al pago de la contribución incluso a empresas inactivas o sin operaciones, lo que, a su juicio, convierte el tributo en una penalización asociada a la mera existencia jurídica. Indicaron que este diseño impacta especialmente a sectores con márgenes regulados, que manejan altos volúmenes de facturación, pero con niveles de rentabilidad reducidos.

Otro de los cuestionamientos se centra en la exclusión de las MiPymes de la comisión prevista en la Ley 98-25. Las asociaciones consideran que esta omisión vulnera los principios de representatividad y participación, tomando en cuenta que las MiPymes representan alrededor del 98 % del tejido productivo nacional.

Respecto al artículo 16, los gremios señalaron que introduce auditorías anuales obligatorias, certificaciones de biodegradabilidad y restricciones a la importación, sin que se hayan presentado estudios de impacto económico. Según explicaron, estas exigencias incrementan los costos operativos y afectan la competitividad de los pequeños y medianos industriales.

En un comunicado conjunto, las asociaciones empresariales afirmaron: “Defendemos el medioambiente, pero no a costa de la quiebra de las MiPymes. Regular no puede significar asfixiar al que produce y genera empleo”. A su vez, reiteraron su disposición al diálogo para construir soluciones que concilien la sostenibilidad ambiental con la viabilidad económica de las empresas.