Santo Domingo. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) recordó este martes que los procesos de compras bajo la modalidad de emergencia deben cumplir con las mismas fases y controles que los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.

El titular de la entidad, Carlos Pimentel, enfatizó que la rapidez en la respuesta estatal ante situaciones críticas no debe confundirse con falta de transparencia.

“Actuar rápido no significa saltarse las reglas: significa aplicarlas correctamente para proteger el interés público”, sostuvo el funcionario.

En una nota de prensa, la DGCP explicó que los procesos de excepción por emergencia se activan ante fenómenos naturales, crisis sanitarias o situaciones que comprometan la seguridad y bienestar de la población, permitiendo una respuesta ágil, pero bajo control institucional.

El órgano rector detalló que un proceso de emergencia suele tener una duración de 15 a 20 días, desde la convocatoria hasta la adjudicación, y que en ese tiempo deben cumplirse etapas como la publicación, recepción de ofertas, evaluación, adjudicación y registro de contrato, garantizando trazabilidad, competencia y publicidad.

El procedimiento inicia con la emisión de un decreto presidencial que declara el estado de emergencia y autoriza el uso de esta modalidad, en este caso el Decreto 627-25, emitido tras el paso del huracán Melissa. Posteriormente, las instituciones autorizadas elaboran sus requerimientos, verifican fondos, aprueban pliegos de condiciones y convocan a oferentes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).

“Según la naturaleza del proceso, las instituciones pueden definir plazos mínimos entre la publicación y la presentación de ofertas, siempre garantizando la participación y competencia. Los demás plazos, como la evaluación y la adjudicación, son responsabilidad directa de la entidad contratante”, explicó la DGCP.

Declaratoria de emergencia nacional

El pasado viernes, el presidente Luis Abinader emitió los decretos 626-25 y 627-25, mediante los cuales declaró en estado de emergencia a 14 provincias y otras localidades del país para agilizar las compras y contrataciones destinadas a atender los daños provocados por Melissa.

Las provincias incluidas son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, La Vega y Monseñor Nouel.

El decreto autoriza a ministerios como Salud Pública, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Obras Públicas, Vivienda y Turismo, así como al Servicio Nacional de Salud (SNS) y al Ministerio Administrativo de la Presidencia, a realizar compras bajo el régimen de excepción para reparar, construir y reconstruir infraestructuras dañadas.