La protección de niños, niñas y adolescentes en República Dominicana muestra avances importantes, pero también desafíos persistentes. Según el Anuario de Estadísticas Sociodemográficas 2024 de la ONE, la Ley 136-06 establece que el Estado debe garantizar a este grupo poblacional el disfrute pleno de sus derechos fundamentales, desde su nacimiento hasta los 18 años. Sin embargo, los datos sobre salud, educación, trabajo infantil y muertes accidentales reflejan que la protección y los servicios aún no son uniformes en todo el país.

Atención a niños con discapacidad: desigualdad provincial

Uno de los indicadores más relevantes es la atención médica y terapéutica a niños y niñas con discapacidad. Entre 2017 y 2024, algunas provincias mostraron mejoras significativas:

• San Juan: de 0.21% a 16.11% (+15.9%)
• Santiago: de 13.33% a 35.86% (+22.53%)

En contraste, Santo Domingo experimentó un retroceso preocupante: de 86.45% a 48.03% (-38.42%). Esto evidencia que, a pesar de políticas y programas nacionales, el acceso a atención integral aún depende de la provincia, dejando a muchos niños en riesgo de recibir servicios insuficientes.

Trabajo infantil: reducción pero persiste la vulnerabilidad

El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección de Erradicación del Trabajo Infantil, reportó que en 2021 fueron retirados del trabajo infantil 429 niños y 39 niñas de un total de 468, eliminando así sus peores formas de explotación laboral. Aunque representa un avance, estos números muestran que el trabajo infantil sigue presente, con riesgos para la salud, educación y desarrollo de los menores.

Muertes accidentales y violentas: un riesgo latente

Los datos de CADSECI revelan que en 2024 ocurrieron 180 muertes accidentales y violentas de menores de 15 años. Lo más alarmante es que el 51.7% de estas muertes fue por ahogamiento, señalando la necesidad de políticas de prevención más estrictas y programas de educación en seguridad y primeros auxilios dirigidos a familias y comunidades.

Educación y protección: retos constantes

La estadística refleja que la educación es un pilar central, pero el acceso a recursos y programas sigue siendo desigual. Las mejoras en algunas provincias contrastan con retrocesos en otras, lo que genera brechas en la igualdad de oportunidades y limita la efectividad de las políticas de protección integral.

Estos datos muestran que, aunque República Dominicana ha implementado programas para garantizar derechos de la niñez, los resultados son heterogéneos. Provincias con mejoras significativas demuestran que las políticas funcionan cuando se aplican de manera consistente, mientras que los retrocesos indican que muchos niños y adolescentes siguen en situación de vulnerabilidad.

El país enfrenta un reto dual: mantener los avances alcanzados y expandirlos a todas las provincias, garantizando que todos los niños y adolescentes puedan ejercer sus derechos plenamente, sin importar dónde vivan o su condición social.