Ministerio Público considera que los acusados forman parte de una red criminal de trata de personas con alto riesgo de fuga, obstrucción del proceso y reincidencia

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los ocho imputados en una red criminal transnacional dedicada a la explotación sexual, que operaba en la provincia Santo Domingo, al considerar que estos forman parte de una estructura criminal organizada que representa una amenaza para la integridad del proceso judicial y para las víctimas rescatadas.

La solicitud, depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, busca garantizar que los imputados no se sustraigan de la justicia, no intimiden testigos ni entorpezcan la investigación, además de que el caso sea declarado complejo por su carácter transnacional, la cantidad de involucrados y la gravedad de los hechos.

Durante un operativo el pasado sábado, las autoridades rescataron más de 40 mujeres, incautaron seis vehículos, dinero en efectivo, drogas, dispositivos electrónicos, cuadernos de contabilidad y varios inmuebles donde operaba la red.

La operación contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (DEIDET), el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional, la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del MP y la ONG internacional Anti Trafficking Bureau (ATB).

¿Qué argumenta el Ministerio Público?

El documento presentado por la Dirección General de Persecución, junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Fiscalía de Santo Domingo Este, expone que los acusados captaban mujeres en Colombia bajo falsas promesas de empleo, las traían a República Dominicana y luego las explotaban sexualmente.

Una vez en territorio dominicano, les retenían sus documentos, las amenazaban con hacer daño a sus familiares en Colombia, y les imponían una supuesta deuda de entre 3,500 y 4,000 dólares como condición para liberarlas. Las víctimas eran forzadas a prostituirse para pagar esa deuda en inmuebles controlados por la red, los cuales fueron allanados e incautados.

El Ministerio Público argumenta que existen suficientes elementos de prueba que vinculan a los imputados con los delitos de trata de personas, asociación de malhechores y lavado de activos, y que, por la naturaleza del caso, una medida como presentación periódica o arresto domiciliario no garantizaría su comparecencia al proceso judicial.

Además, al tratarse de un caso de crimen organizado con componentes transnacionales, los fiscales consideran que existe alto riesgo de fuga y reincidencia, así como posible intimidación a víctimas o testigos, por lo que la prisión preventiva es considerada la única medida proporcional y efectiva.

¿Quiénes son los imputados?

Los imputados son los dominicanos Johanse Díaz Casado (Johan el Gordo), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (el Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (el Gordo), así como las ciudadanas colombianas Karen Juliana Chia Gelvez (Nana/Naye/Colombiana), Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).

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