Santo Domingo.  El partido Fuerza del Pueblo (FP) acusa al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de provocar una crisis en el sector arrocero dominicano.

Según la organización política opositora, el Ejecutivo ha permitido una avalancha de importaciones de arroz, muchas de ellas presuntamente ilegales, lo que ha saturado el mercado nacional, desplomado los precios y puesto en riesgo la estabilidad de miles de productores.

De acuerdo con el ingeniero Héctor Acosta, vocero del subgabinete agroalimentario de la FP, durante 2024 el Gobierno autorizó la importación de 4.7 millones de quintales de arroz, una cifra que supera ampliamente los límites establecidos por la Comisión Nacional Arrocera (CONA) y lo acordado bajo el Decreto 693-24, el cual permitía solo 23,300 toneladas métricas libres de arancel para 2025.

La FP denuncia que 4 millones de esos quintales fueron autorizados directamente por el Gobierno, lo que ha generado un exceso de arroz en el mercado. A este exceso se suma la cosecha nacional de retoño, creando un grave problema de almacenamiento y comercialización.

Según el último inventario oficial, en el país hay almacenados 7.64 millones de quintales de arroz, casi 3 millones más de lo necesario para abastecer el consumo nacional durante cuatro meses.

A su vez, resaltaron la entrega de supuestos Certificados Sanitarios para importar arroz desde países que no forman parte del DR-CAFTA, lo cual violaría acuerdos comerciales establecidos y facilitaría importaciones consideradas “ilegales” por la Fuerza del Pueblo.

Según Acosta, muchos productores están desesperados por vender su arroz a cualquier precio, mientras las factorías no pueden recibir más producto, ni tienen capacidad financiera para procesarlo, ya que el Gobierno tampoco ha pagado las pignoraciones pendientes correspondientes a los meses de abril, mayo y junio.

El partido opositor considera que estas acciones gubernamentales favorecen a intereses importadores en detrimento del sector arrocero nacional, que genera más de 200,000 empleos directos y representa una pieza clave en la seguridad alimentaria del país.

Ante esta situación, la Fuerza del Pueblo exigió la suspensión inmediata de las importaciones de arroz durante el resto de 2025, que todas las futuras autorizaciones sean discutidas y aprobadas por la CONA, habilitar almacenes estatales para descongestionar las factorías, y pagar las deudas pendientes con los molineros.

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