Santo Domingo.– Una investigación de la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República confirmó que más de RD$272 millones fueron supuestamente desviados del programa Nutrisalud, ejecutado por  el Seguro Nacional de Salud (SeNaSA) a través de la empresa Flavorheart Food Parts S.R.L, según la acusación del Ministerio Público.

De acuerdo a la entidad, este dinero salió de SeNaSA mediante pagos por servicios que no correspondían al contrato, entregas a personas fuera del rango de edad establecido y facturaciones que nunca debieron realizarse.

Rango de edad según el contrato

El programa Nutrisalud, que tenía un alcance de 55 mil 741 afiliados al Régimen Subsidiado, solo debía atender a dos grupos.

El primero era a niños entre 5 y 15 años, quienes recibirían un complemento nutricional denominado “Ceylanuture Desarrollo”, además de instrucción sobre hábitos de vida saludable. Mientras que el otro era para adultos de 35 a 64 años, quienes también recibirían un plan educativo alimenticio y un complemento nutricional llamado “Ceylanutre Vitalidad”.

Sin embargo, según la acusación, el contrato se justificó usando el programa institucional “SeNaSa Cuida de Ti”, diseñado para adultos mayores, pero Nutrisalud se dirigió a personas de menos de 65 años e incluso adolescentes, lo que desvirtuó completamente los fines del programa oficial.

También, de acuerdo con la investigación, se constató que fueron vinculados de Nutrisalud agenciado a la empresa Flavorheart Parts S.R.L, un total de 350, 545 afiliados en varios regímenes que no estaban incluidos en la contratación inicial.

En la tabla también se puede observar un pago de más de tres millones trescientos mil pesos, bajo el concepto de NO DEFINIDO, que no fueron vinculados a ningún régimen, lo expondría debilidades en el mecanismo de control y validación de datos previo a la realización del pago por el imputado Fransciso Iván  Minaya Pérez, exgerente de Salud, y el exgerente financiero Gustavo Enrique Messina Cruz.

¿Quiénes hicieron el contrato?

Según el documento, la contratación de la compañía empresa Flavorheart Food Parts S.R.L se formalizó el 22 de julio de 2021, mediante un contrato suscrito entre el entonces director ejectivo del SeNaSa, representado por el imputado Santiago Hazim Albainy, y la razón social Flavorheart Food Parts S.R.L., representada la imputada Heidi Mariela Pineda Perdomo.

El contrato contempla la prestación farmacéutica para los servicios de emergencia, atención primaria, atención especializada y ambulatorio.

En este punto, el Ministerio Público destacó que la empresa obtuvo su “Certificado De Registro de Distribuidora”, por el Ministerio de Salud Pública, un mes antes de la suscripción del contrato, el 4 de mayo de 2021, con la clasificación de categoría de medicamentos, pero para la fecha de la suscripción del contrato no contaba con la licencia de habilitación de “Consultorio Primer Nivel de Atención”, necesaria para la operación se servicios que debía realizar.

Adendas al contrato

El Ministerio Público afirma que el contrato fue ampliado apenas ocho días después de firmado, específicamente el 30 de julio de 2021 lo que habría facilitado que se desviaran recursos públicos y se beneficiara un grupo vinculado al entonces director de SeNaSa, hoy imputado, Santiago Hazim.

El referido contrato establecía “que el Prestador de Servicios Farmacéuticos (Psf) o la Farmacia, ofrece dentro de sus servicios el Programa NUTRISALUD, el cual, es un programa de Promoción y prevención de la salud nutricional que persigue ejecutar una valoración, corrección y seguimiento de la salud nutricional a nivel nacional, con entrega de complementos alimenticios, así como también un programa de educación preventiva en materia de una adecuada alimentación y hábitos saludables”.

Además, plantea que se realizarían mediciones de perfil nutricional por un médico nutricionista, entrega de complemento nutricional y educación sobre alimentación saludable, observándose que el programa Nutrisalud no era una creación del órgano, sino bien un producto comercial del proveedor.

De acuerdo al órgano acusador, las evaluaciones posteriores confirmaron que la empresa operaba como almacén y oficina administrativa, sin infraestructura sanitaria, sin licencia para consultas nutricionales y utilizando un producto sin registro sanitario.

También habrían comprobado la inexistencia de estudios de impacto, falta de trazabilidad clínica, debilidades en contratos, adendas algunas sin firma o sello y ausencia de supervisión de SeNaSa durante toda la ejecución.

Por estas razones, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) concluyó que el acuerdo no cumplía con los requisitos legales ni de habilitación sanitaria, evidenciando graves irregularidades en la contratación y operación del programa Nutrisalud.