La solicitud de medida de coerción de la Operación Onco14 revela uno de los aspectos más llamativos de la investigación: el seguimiento de las cuentas bancarias de la imputada Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y exesposa de Héctor Antonio Lora Cruceta.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, las autoridades identificaron movimientos financieros por más de RD$72 millones que, de acuerdo con la acusación preliminar, no guardan relación con los ingresos laborales formalmente registrados por la imputada.

La diferencia entre los salarios reportados y los movimientos bancarios

De acuerdo con la investigación, Vargas Sánchez trabajó entre 2003 y 2008 en el Aeropuerto Internacional del Cibao con salarios que oscilaron entre RD$9,000 y RD$28,875 mensuales.

Posteriormente, desde 2009 hasta 2026, figuró como empleada de una compañía de seguros, donde habría devengado ingresos que variaron entre RD$8,656 y RD$19,596 mensuales.

Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que los movimientos detectados en sus cuentas bancarias superan ampliamente la capacidad económica que reflejan esos registros laborales.

Más de RD$72 millones entraron y salieron de sus cuentas

Los fiscales detallan que entre 2018 y 2026 las cuentas corrientes de Dilcia Vargas en el Banco Popular registraron entradas por RD$72,042,162.44 y salidas por RD$72,084,711.21.

Para los investigadores, la similitud entre los montos recibidos y posteriormente transferidos constituye una señal de que las cuentas funcionaban como mecanismos de tránsito de dinero, una práctica que suele ser examinada en investigaciones relacionadas con presunto lavado de activos.

El expediente indica que gran parte de esos recursos eran movilizados rápidamente hacia otras cuentas y entidades vinculadas a la estructura investigada.

Los RD$50 millones que habrían salido del Patronato

Uno de los hallazgos que más llama la atención del Ministerio Público es que Vargas Sánchez habría recibido directamente RD$50,332,067.52 provenientes del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.

Los fiscales sostienen que esas transferencias carecían de justificación institucional válida y forman parte del esquema mediante el cual se habrían desviado fondos originalmente destinados a la atención de pacientes oncológicos.

Adicionalmente, la investigación establece que la imputada recibió RD$13,546,490.12 desde la empresa Vargas Lora & Asociados, posteriormente denominada Vargas Guzmán Accounting Center.

Una empresa bajo la lupa

Otro de los puntos desarrollados en el expediente es el análisis de las cuentas de Vargas Lora & Asociados, empresa vinculada a Dilcia Vargas.

Según el documento judicial, entre 2018 y 2026 esa sociedad registró movimientos por más de RD$180 millones en entradas y una cifra similar en salidas.

Para el Ministerio Público, el hecho de que los ingresos y egresos mantengan niveles casi idénticos es un indicio de que la compañía habría sido utilizada como un vehículo para mover recursos, más que como una empresa que generara ganancias comerciales ordinarias.

Los investigadores afirman que desde el Patronato ingresaron a esa empresa más de RD$50.4 millones, mientras que otros RD$47.9 millones habrían llegado desde cuentas personales de Dilcia Vargas.

Transferencias a familiares y allegados

La acusación también identifica transferencias millonarias realizadas desde las cuentas de la empresa hacia personas cercanas al núcleo familiar investigado.

Entre ellas figura Emely Isabel Báez Vargas, hija de Dilcia Vargas, quien habría recibido más de RD$19.9 millones en transferencias y RD$1.2 millones mediante cheques.

Asimismo, se registran transferencias por más de RD$5.5 millones a favor de Rina Vargas Sánchez, hermana de la imputada.

El Ministerio Público sostiene que estas operaciones forman parte del esquema utilizado para dispersar recursos provenientes de las supuestas maniobras fraudulentas.

Compra de inmuebles y pago de tarjetas

Los fiscales también destacan que durante el período investigado Dilcia Vargas adquirió un inmueble en Santiago con una superficie de 197.02 metros cuadrados.

Además, las autoridades identificaron pagos de tarjetas de crédito por RD$2,156,514.57 realizados desde cuentas que, según la investigación, recibían recursos vinculados a la presunta estructura.

La acusación plantea que estas operaciones constituyen mecanismos para integrar fondos al sistema financiero formal y dar apariencia de legalidad a recursos cuyo origen está siendo investigado.

¿Qué busca demostrar el Ministerio Público?

La tesis central del Ministerio Público es que las cuentas personales, las empresas relacionadas y las transferencias entre familiares formaban parte de una red financiera destinada a ocultar y redistribuir fondos presuntamente sustraídos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.

No obstante, estas afirmaciones corresponden a la versión presentada por el órgano acusador en la solicitud de medida de coerción y deberán ser debatidas y probadas durante el proceso judicial, donde los imputados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva.