El expediente de la Operación Oncológica, depositado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), incorpora varias pruebas periciales que buscan sustentar las acusaciones contra los imputados vinculados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).

Entre las evidencias figura una auditoría forense practicada por la firma P. Armando Núñez & Asociados, correspondiente al período comprendido entre 2018 y el 15 de octubre de 2025. Según el Ministerio Público, dicho informe identificó la eliminación de archivos relacionados con nóminas y desembolsos, así como importantes debilidades en los sistemas de control financiero de la institución.

Auditoría detectó fallas en los sistemas contables

De acuerdo con el documento judicial, los auditores concluyeron que el software de contabilidad utilizado por la institución no se encontraba integrado ni reflejaba la totalidad de las transacciones realizadas durante el período examinado.

Además, establecieron que los sistemas de finanzas, contabilidad y nómina funcionaban mediante contratos de renta tecnológica y no como plataformas nativas integradas dentro de la estructura administrativa del centro.

Otro de los hallazgos destacados por el Ministerio Público es la supuesta inexistencia, al momento de la inspección, de libros mayores y libros diarios de contabilidad debidamente organizados, elementos considerados esenciales para garantizar la trazabilidad y transparencia de las operaciones financieras.

INACIF examinó cuentas y movimientos financieros de los imputados

Otra de las pruebas incorporadas al expediente corresponde al Dictamen Pericial Preliminar INACIF-AF-032-2026, elaborado por la Subdirección de Auditoría Forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Según la acusación, este análisis financiero se concentró en los imputados Héctor Lora Cruceta, Luisa Yasiris Guzmán y Dilcia Ysabel Vargas Sánchez, examinando sus cuentas bancarias, movimientos financieros, productos bancarios y patrimonio.

El Ministerio Público sostiene que mediante esta pericia se reconstruyeron operaciones económicas vinculadas a los recursos presuntamente sustraídos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, además de transacciones realizadas a través de empresas relacionadas con los investigados.

Hallazgos preliminares sobre medicamentos y facturación

Una tercera prueba pericial corresponde al Informe Preliminar de Hallazgos Forenses en Registros de Servicios de Salud del Instituto Oncológico Regional del Cibao.

El documento enumera una serie de investigaciones específicas que incluyen presuntas situaciones de doble facturación y sobrefacturación de medicamentos como Gemcitabina, así como casos relacionados con Tamoxifeno y otros tratamientos que, según el informe, carecerían de documentación suficiente.

También se reportan hallazgos sobre posibles sobreprescripciones médicas, solicitudes de aumentos tarifarios, intervalos reducidos en la administración de determinados medicamentos, relaciones con casas farmacéuticas y alegados sobreprecios en distintos procesos.

Los fiscales afirman que estos hallazgos abarcan operaciones desarrolladas entre 2018 y 2025 durante la gestión de Héctor Lora Cruceta al frente de la institución.

La JCE aportó información sobre vínculos familiares

El expediente también incluye múltiples certificaciones emitidas por la Junta Central Electoral (JCE) que contienen actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y registros de identidad de los principales imputados y de numerosos familiares directos e indirectos.

Según el Ministerio Público, esta documentación busca demostrar relaciones de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad, además de establecer vínculos familiares entre personas señaladas en la investigación.

Dentro de las pruebas se encuentran registros que acreditan el matrimonio y posterior divorcio entre Héctor Antonio Lora Cruceta y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, así como el posterior matrimonio de Lora Cruceta con Luisa Yasiris Guzmán.