Santo Domingo.– El Ministerio Público anunció que apelará la decisión judicial que otorgó auto de no ha lugar a cinco imputados en el caso Calamar, entre ellos el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo Terrero y el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta.

El anuncio fue realizado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, tras la decisión emitida por la jueza Altagracia Ramírez, quien ordenó la apertura a juicio contra 35 de los 40 acusados, entre personas físicas y jurídicas, vinculados al presunto entramado de corrupción administrativa.

Camacho sostuvo que el órgano acusador recurrirá el fallo porque entiende que el tribunal incurrió en una valoración incorrecta de varias pruebas presentadas durante el proceso.

“Y la vamos a apelar porque de la sola lectura de la decisión en el tribunal, se hace evidente que el tribunal entró en errónea apreciación de varias pruebas”, subrayó.

El procurador explicó que la jueza tomó en consideración testimonios como los de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Antonio Ureña para algunos aspectos del expediente, pero que, a su juicio, esos mismos elementos no fueron ponderados al momento de dictar los autos de no ha lugar.

Asimismo, cuestionó que uno de los beneficiados con la decisión fuera desvinculado del proceso pese a que, según indicó, existe documentación aportada por el Ministerio Público que lo relaciona con los hechos investigados.

Pese a las objeciones sobre los cinco imputados favorecidos, Camacho valoró que la jueza rechazara las solicitudes de nulidad del expediente y de extinción de la acción penal presentadas por varias defensas.

Entre las personas enviadas a juicio figuran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, señalado por el Ministerio Público como una pieza central del supuesto esquema, así como Ángel Lockward, Princesa Alexandra García Medina, Luis Miguel Piccirilo, Yahaira Brito Evangelista, Edwin Oscar Brito, Mabel Mejía y otros imputados.

La decisión fue adoptada luego de que el tribunal concluyera que el Ministerio Público presentó suficientes elementos de prueba para sustentar la acusación contra los procesados por presuntos actos de corrupción administrativa vinculados a la Operación Calamar.

El expediente quedó en estado de fallo el pasado 27 de marzo, tras el cierre de los debates. La lectura de la decisión se produjo la noche del viernes y se extendió por más de tres horas. Posteriormente, el tribunal entregó la sentencia en formato digital a las partes involucradas.