Santiago.- El Juzgado de Atención Permanente de Santiago impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a tres empleadas del Colegio Leonardo Da Vinci, imputadas por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida el 14 de noviembre durante una excursión escolar en Gurabo.

Las medidas incluyen el pago de 500 mil pesos a través de una aseguradora y la obligación de presentarse mensualmente ante el tribunal. De manera paralela, la coordinadora general del centro obtuvo libertad simple, decisión que generó reacciones inmediatas.

La Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (DINNAF), representada por la magistrada Olga Dina Llaverías, expresó su desacuerdo con la decisión y adelantó que el Ministerio Público la recurrirá tan pronto reciba la notificación formal. Señaló que, aunque la solicitud se ajustó a la imputación inicial, la investigación continúa abierta e involucra a otros actores dentro de la cadena de responsabilidades.

Los abogados de la familia de la menor manifestaron respeto por la decisión, pero insistieron en que no refleja la gravedad de la negligencia que provocó la muerte de la niña. Indicaron que la propia jueza reconoció que las imputadas “no dirigieron ni autorizaron” la excursión, realizada con 87 estudiantes y sólo tres adultos, mientras que los directivos reales del centro no figuran en el proceso. Consideran que esta omisión refuerza un patrón de encubrimiento que habría comenzado el mismo día de los hechos.

Los representantes legales recordaron que el colegio había organizado excursiones similares en cuatro ocasiones sin cumplir protocolos básicos de seguridad, evidenciando, según dijeron, una negligencia sostenida.

A su juicio, el Ministerio de Educación debe realizar una auditoría al centro educativo para establecer responsabilidades estructurales. Querella contra directivos reales y dueños de la hacienda La familia informó que presentó una querella y una solicitud de medida de coerción contra los directivos reales del Colegio Da Vinci y los administradores de la hacienda donde ocurrió el hecho, luego de que la Defensa Civil certificara que el lugar no contaba con condiciones adecuadas para recibir menores.

La defensa sostiene que existe una estructura interna destinada a proteger a los responsables de mayor jerarquía, señalando que una de las imputadas habría servido como “muro de contención” para evitar que se atribuyeran responsabilidades superiores.

Los abogados reiteraron su intención de que el proceso avance sin privilegios y que se formulen imputaciones completas. Recordaron que la magnitud del caso motivó pronunciamientos de la procuradora general, del presidente de la República y del Senado, debido al presunto manejo irregular de la información en los primeros días. La solicitud fue remitida al juez coordinador de los tribunales de instrucción, quien deberá fijar la fecha de audiencia.