Santo Domingo. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, acusados de encabezar un presunto esquema de estafa agravada que habría perjudicado a 192 personas por un monto superior a RD$124 millones.

Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa agravada, violación a la Ley del Mercado de Valores y lavado de activos, de acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público.

Según la acusación, Cáceres Araujo y Cabral Romero conformaron una estructura fraudulenta destinada a captar recursos del público mediante falsas ofertas de inversión, prometiendo altos rendimientos y seguridad financiera.

Para ello, utilizaron como fachada la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L., presentándose ante las víctimas como supuestos corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión.

Bajo este esquema, los acusados lograron captar la suma de RD$124,575,700.00, sin contar con autorización para operar en el mercado de valores ni ofrecer productos financieros de inversión, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

La jueza Yanibet Rivas, presidenta del Sexto Juzgado de la Instrucción, adoptó la decisión tras valorar los elementos probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, quienes sustentaron la acusación.

El escrito del Ministerio Público detalla que los contratos firmados con las víctimas omitían información esencial sobre el destino real de los fondos entregados, lo que evidencia el carácter engañoso del esquema. Asimismo, la investigación identificó un patrón de transferencias bancarias entre cuentas a nombre de los imputados o bajo su control, con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero, que presuntamente fue desviado para fines personales.

El órgano acusador sostiene que los hechos imputados configuran, además, abuso de confianza y la realización de actividades propias del mercado de valores sin la debida autorización, delitos que serán conocidos y debatidos en la etapa de juicio.