Santo Domingo.- El Ministerio Público anunció que apelará la decisión que condena a la Procuraduría General de la República (PGR) a pagar RD$7.56 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el caso de presunta corrupción relacionado con el Intrant y el sabotaje de la red semafórica.

La decisión fue emitida por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien ordenó el pago por concepto de liquidación de un astreinte, una sanción económica impuesta por el incumplimiento de una resolución judicial que ordenaba la devolución de bienes ocupados durante la investigación.

La controversia gira en torno a un celular

Según la resolución, la mayoría de los bienes reclamados por Álvarez Carbuccia ya habían sido devueltos por el Ministerio Público, incluidos varios teléfonos celulares, una camioneta Chevrolet Tahoe 2017, una computadora MacBook, cinco relojes y otros objetos.

Sin embargo, quedaba pendiente la entrega de un celular Samsung S3, modelo 2012, cuyo valor estimado ronda los RD$3,200.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público explicaron que el aparato permanecía bajo custodia porque había sido enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para la extracción de datos relacionados con la investigación. Posteriormente, indicaron que el equipo fue trasladado al almacén de evidencias durante la mudanza de la antigua sede de la Corte, lo que dificultó localizarlo.

Incluso, los fiscales manifestaron su disposición de compensar el valor económico del teléfono.

La jueza ordenó el pago de más de RD$7.5 millones

Pese a esos argumentos, la magistrada entendió que el Ministerio Público no demostró de manera suficiente por qué no había cumplido con la devolución del dispositivo y ordenó liquidar el astreinte, fijando el pago en RD$7,560,000 a favor del imputado.

Pepca dice que el fallo tiene «graves vicios procesales»

Un día después de conocerse la decisión, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que recurrirá la sentencia por considerar que presenta graves vicios procesales.

Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado sostienen que la jueza Patricia Padilla ya no tenía competencia para emitir esa decisión, debido a que el Segundo Juzgado de la Instrucción quedó desapoderado del expediente desde el 24 de octubre de 2025, cuando el caso fue remitido al Sexto Juzgado de la Instrucción, que posteriormente dictó el auto de apertura a juicio.

Además, la Pepca considera que la jueza desnaturalizó la figura del astreinte, al convertir una medida coercitiva destinada a garantizar el cumplimiento de una orden judicial en una indemnización económica a favor de un imputado.

«Recibimos la notificación de la decisión y contamos con un plazo de 20 días para presentar el recurso de apelación», indicó el fiscal Jonathan Pérez.

El juicio está previsto para agosto

Álvarez Carbuccia forma parte del grupo de imputados que será juzgado junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, Jochi Gómez y otros acusados de integrar una presunta red de corrupción vinculada a contratos para el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el grupo enfrenta cargos por desfalco, lavado de activos, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología y otras infracciones.

El juicio de fondo está programado para iniciar el 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La Procuraduría insiste en que la decisión sobre el astreinte será llevada ante una instancia superior, con el objetivo de que sea revocada por considerar que fue emitida por un tribunal sin competencia y con una interpretación errónea de la normativa aplicable.