Santo Domingo. Participación Ciudadana consideró que el envío a juicio de fondo de José Ángel «Jochi» Gómez Canaán y los demás imputados en el caso de la contratación de la red semafórica del Gran Santo Domingo marca el inicio de una etapa decisiva para esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas por el Ministerio Público.

En su Noveno Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, la organización sostuvo que la decisión de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, no constituye una declaración de culpabilidad, sino el reconocimiento de que existen elementos de prueba suficientes para que los hechos sean debatidos en un juicio oral, público y contradictorio.

El expediente está relacionado con el contrato para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, adjudicado por un monto de RD$1,317 millones, en el que el Ministerio Público acusa a una presunta estructura integrada por funcionarios, exfuncionarios y particulares de manipular el proceso de contratación mediante el uso de empresas vinculadas, prestanombres y documentación falsa para favorecer a compañías relacionadas con Gómez.

Participación Ciudadana destacó que la resolución mantiene las principales acusaciones formuladas por el Ministerio Público, entre ellas corrupción, estafa, delitos de alta tecnología, sabotaje y lavado de activos, aunque el tribunal descartó el tipo penal de terrorismo.

La organización señaló que, a partir de esta decisión, corresponderá al tribunal de juicio valorar todas las pruebas incorporadas al expediente y determinar, más allá de toda duda razonable, si existe responsabilidad penal de cada uno de los acusados.

Asimismo, enfatizó que durante esta nueva etapa deberán preservarse plenamente la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso para todas las partes involucradas.

Para Participación Ciudadana, el desenlace de este proceso constituirá un referente para la justicia penal dominicana en materia de corrupción administrativa, contratación pública y criminalidad organizada, debido a la relevancia institucional del caso y al impacto que podría tener sobre futuros procesos relacionados con el manejo de recursos públicos.

El informe recuerda que, además de José Ángel «Jochi» Gómez, fueron enviados a juicio de fondo el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, así como otros imputados y siete empresas vinculadas al caso. La primera audiencia del juicio fue fijada para el 11 de agosto de 2026.