Dos coroneles admiten que recibieron sobornos y manipularon licitación caso Lobo

2025-07-15
Autor: Yoan Silverio

Santo Domingo. Dos de los diez imputados en la presunta estructura criminal del “caso Lobo” admitieron haber aceptado sobornos y participar en la manipulación de una licitación para favorecer una empresa con contratos de servicios de seguridad privada.

Así lo afirmó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, quien espera que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, imponga prisión preventiva a los implicados en hecho ilícito.

Los imputados que admitieron los hechos, de acuerdo al Ministerio Público, son Ramón Quezada Ortiz, coronel de la Policía Nacional, y Andrés Pacheco Varela, coronel de la Fuerza Aérea y exencargado de seguridad de la Empresa Distribuidora del Norte (Edenorte).

Dichos imputados formaban parte de una alegada red criminal dedicada a recibir pagos ilegales y cometer otras irregularidades en procesos de licitación pública en distintas instituciones del Estado dominicano, con el objetivo de obtener contratos por servicios de seguridad.

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso.

Los demás imputados son: Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado del Ejército; los coroneles Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Para ejecutar los presuntos actos de corrupción, la estructura habría utilizado empresas Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL, Magesty Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.

El Ministerio Público ha apuntado que cuenta con 336 elementos de prueba que respaldan los presuntos hechos de corrupción de estos imputados en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, EdeEste y Edesur.

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