Las autoridades dominicanas identificaron 136 víctimas de trata de personas en el período evaluado por el Informe Anual sobre Trata de Personas 2025, casi el doble de las registradas en 2023, un aumento que refleja mayores esfuerzos institucionales de detección, aunque con limitaciones en la identificación del trabajo forzoso y de víctimas masculinas.

De acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 123 de las víctimas identificadas fueron explotadas en el tráfico sexual (111 mujeres y 12 niñas), mientras que 13 fueron sometidas a trabajo forzoso, incluidos 10 niños. Del total, 47 eran ciudadanos dominicanos explotados dentro del país, 16 dominicanos explotados en el extranjero y 73 extranjeros, principalmente de nacionalidad colombiana.

El documento detalla que las víctimas dominicanas explotadas fuera del país fueron identificadas en destinos como Nigeria, Baréin, Islas Turcas y Caicos y Argentina. Sobre este proceso, el Gobierno informó que “coordinó con los consulados y embajadas la repatriación de las víctimas extranjeras y con los Gobiernos extranjeros el apoyo a la repatriación de los dominicanos víctimas en el extranjero”.

En términos de asistencia, 134 víctimas recibieron servicios de protección gubernamentales o financiados por el Estado, que incluyeron atención médica y psicológica, asistencia jurídica, apoyo financiero, educación y servicios de traducción. No obstante, el propio Gobierno reconoció que “algunos servicios no estaban disponibles en las zonas rurales o fronterizas”.

El informe también señala que, aunque existen protocolos estándar para la identificación y derivación de víctimas, observadores reportaron que estos no siempre se aplican de manera sistemática, en especial antes de procesos de deportación. Asimismo, se destacó la falta de identificación de víctimas haitianas sometidas a trabajo forzoso en la agricultura, pese a reportes recurrentes sobre esta práctica.

En cuanto a la infraestructura de atención, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) operó un refugio especializado con capacidad para 55 víctimas y recibió RD$32.6 millones del presupuesto nacional, un aumento respecto al año anterior. El Ministerio de la Mujer, por su parte, destinó RD$17.7 millones a iniciativas de prevención y protección, además de gestionar 18 refugios para víctimas de violencia doméstica, uno de ellos con servicios especializados para trata.

El informe advierte que, aunque todas las víctimas (incluidas las extranjeras) tienen acceso formal a los servicios de protección, no existen programas especializados para víctimas masculinas, quienes suelen ser alojados en instalaciones no diseñadas específicamente para casos de trata. Organizaciones no gubernamentales también señalaron limitaciones en la capacidad de los refugios y la necesidad de fortalecer la gestión de casos y la atención psicoterapéutica especializada, especialmente para niños.