Redacción. En lo que se podría ver como un giro inédito en la historia reciente de América Latina, tres expresidentes de las principales economías del continente (Brasil, Colombia y Argentina) enfrentan condenas judiciales desde el confinamiento de sus propias residencias.

Jair Bolsonaro, Álvaro Uribe y Cristina Fernández de Kirchner, figuras clave en la política regional del siglo XXI, están hoy privados de su libertad en régimen de prisión domiciliaria, por delitos que van desde el fraude y el soborno hasta acusaciones de conspiración contra el orden democrático.

Este fenómeno, aunque no del todo nuevo en una región marcada por la inestabilidad institucional, ha reactivado el debate sobre la relación entre poder, justicia e impunidad en América Latina. ¿Se trata de un signo de madurez judicial? ¿O, como argumentan los condenados, es una persecución política disfrazada de legalidad?

Bolsonaro: golpismo, redes sociales y restricciones

La más reciente incorporación a esta lista es Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil (2019-2023), quien fue puesto en prisión domiciliaria por orden del Supremo Tribunal Federal.

El magistrado Alexandre de Moraes tomó la decisión tras constatar que Bolsonaro había violado las restricciones cautelares impuestas como parte del proceso judicial que lo acusa de intentar subvertir el orden democrático tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la acusación, Bolsonaro lideró un intento de golpe institucional para evitar la toma de posesión de Lula. La medida de prisión domiciliar se dictó como respuesta al riesgo de fuga del exmandatario, y se le prohibió recibir visitas no autorizadas y hacer uso de dispositivos electrónicos que le permitan acceder a redes sociales, canales donde ha mantenido su influencia política.

Además, la Policía Federal ejecutó un registro en su residencia, incautando móviles y otros aparatos electrónicos. Con esta medida, Bolsonaro se convirtió en el cuarto expresidente brasileño arrestado desde el retorno a la democracia en 1985, junto a Collor, Lula (en 2018, por el caso Lava Jato) y Michel Temer.

Uribe: fraude, soborno y el primer expresidente colombiano condenado

En Colombia, la caída judicial de Álvaro Uribe (presidente entre 2002 y 2010) marcó un hito sin precedentes. El pasado 1 de agosto, fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Lo irónico del caso es que todo comenzó en 2012, cuando Uribe denunció ante la Corte Suprema al senador de izquierda Iván Cepeda, acusándolo de manipular testigos para vincularlo con el paramilitarismo.

No solo la denuncia fue desestimada, sino que la investigación se volcó contra el propio expresidente, al descubrirse que su abogado, Diego Cadena, habría intentado comprar testimonios falsos en cárceles para desacreditar a Cepeda.

El fallo no solo implicó la condena penal, sino también una multa de más de 3,400 millones de pesos colombianos (alrededor de 822,000 dólares) y una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos.

Uribe, de 73 años, cumple su condena desde su finca, a la espera de una apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá emitir una decisión definitiva antes de octubre.

La noticia provocó fuertes reacciones en Colombia. Mientras sectores de la oposición celebraron el fallo como un triunfo de la justicia, los partidarios de Uribe denunciaron lo que califican como “una medida desproporcionada”, considerando que aún no hay sentencia firme.

Cristina Fernández: corrupción y “lawfare” en Argentina

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) cumple desde junio pasado una condena de seis años de prisión domiciliaria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema ratificó el fallo que además le impone inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La sentencia se vincula a la concesión de obras públicas durante sus mandatos a empresas vinculadas a Lázaro Báez, un empresario cercano al kirchnerismo, considerado presunto testaferro.

La Fiscalía había solicitado una pena aún mayor, incluyendo el delito de asociación ilícita, pero el tribunal descartó este último cargo.

Kirchner, de 72 años, recibió el beneficio de cumplir la condena en su domicilio por su edad. Porta una tobillera electrónica y ha mantenido su narrativa de ser víctima de una persecución política, judicial y mediática orquestada por “el poder económico concentrado”, particularmente el Grupo Clarín, conglomerado que ha sido crítico de su gestión.

A pesar de su condena, Fernández conserva una importante base de apoyo político y ha sido respaldada públicamente por líderes como el presidente brasileño Lula da Silva y el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quienes también denuncian haber sido objeto de “lawfare”.

¿Una región más justa o más dividida?

Estos tres casos reavivan un viejo dilema en América Latina: ¿están las instituciones judiciales realmente consolidándose al demostrar que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los expresidentes? ¿O son estas decisiones el resultado de venganzas políticas camufladas bajo procesos legales?

Por un lado, los defensores del Estado de derecho celebran lo que consideran un mensaje claro: el fin de la impunidad. Por otro, los seguidores de los exmandatarios condenados afirman que se trata de juicios sesgados con motivaciones políticas, en contextos donde las fronteras entre justicia y poder son históricamente difusas.

Mientras la región sigue enfrentando desafíos institucionales, económicos y sociales, estos procesos judiciales contra expresidentes podrían marcar un antes y un después. Ya sea como muestra de una justicia más firme o como ejemplo de la instrumentalización de los tribunales, la verdad es que en América Latina hoy se escribe un capítulo judicial con exmandatarios encerrados… pero no en celdas, sino en sus propios hogares.

Con información de EFE, ABC, CNN Y AFP.