Tribunal aplaza para enero el juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez

Tribunal aplaza para enero el juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez

Santo Domingo. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 14 de enero de 2026 el juicio que se sigue contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y varios coimputados por presunta corrupción administrativa, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.

La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada este miércoles, en la que las defensas argumentaron que el período de fin de año coincide con las vacaciones colectivas de los bufetes de abogados, además de que uno de los defensores, Enrique Vallejo Garib, quien representa a Jhonatan Loander Medina Reyes, cuenta con una licencia médica hasta el 11 de diciembre, según informó el abogado Carlos Martínez.

El tribunal acogió los planteamientos y decidió reprogramar el proceso para garantizar la presencia de todos los representantes legales de los acusados.

De acuerdo con el expediente acusatorio, el grupo habría malversado más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez (2016-2020).

Además del exprocurador y de Medina Reyes, en el expediente figuran Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias, entre otros.

También están señalados Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

El caso, conocido como “Operación Medusa”, fue enviado a juicio el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien validó la acusación presentada por el Ministerio Público.

La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente vinculadas a una red de corrupción que, según el Ministerio Público, desvió fondos públicos y utilizó estructuras privadas para lavar dinero y beneficiar a allegados del exfuncionario.