El envejecimiento poblacional avanza con rapidez en República Dominicana y en toda América Latina, pero el sistema financiero aún no se adapta al mismo ritmo. En el país, solo el 9 % de las entidades de intermediación financiera (EIF) ofrece productos diseñados específicamente para personas de 65 años o más, a pesar del crecimiento sostenido de este segmento y de su participación activa en la economía, según datos oficiales y levantamientos del sector.

A escala global, el envejecimiento se ha consolidado como uno de los principales cambios demográficos del siglo XXI. Las Perspectivas de la Población Mundial 2024 de las Naciones Unidas estiman que la proporción de personas de 65 años o más alcanzará el 17.5 % en 2050 y superará el 30 % hacia finales de siglo, duplicando los niveles actuales. En América Latina y el Caribe, este proceso es más acelerado: en 2024 la región contaba con 166 millones de personas de 50 años o más, equivalentes al 25 % de su población, cifra que aumentaría a 280 millones en 2050, un 38 % del total.

Este cambio está dando forma a la denominada economía plateada, que agrupa bienes y servicios orientados a personas mayores de 50 años, incluyendo productos financieros, salud, vivienda, turismo y soluciones tecnológicas. De acuerdo con el estudio La economía plateada en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de BID Invest, el envejecimiento no solo representa un desafío social, sino también una oportunidad de desarrollo económico asociada a la demanda de servicios especializados, cuidados de largo plazo y productos financieros adaptados.

En República Dominicana, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), creado por la Ley No. 352-98, es el principal órgano rector de las políticas públicas dirigidas a este grupo. La institución coordina programas de inclusión social, atención médica, alfabetización y provisión de dispositivos de apoyo, en respuesta a una población envejeciente en crecimiento.

Según el Boletín Demográfico y Social 2024 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2022 el 13.2 % de la población dominicana tenía 60 años o más, con una mayor proporción de mujeres (13.9 %) que de hombres (12.6 %). Las provincias con mayor peso relativo de adultos mayores fueron Hermanas Mirabal (18.4 %), Santiago Rodríguez (18.3 %) y San Juan (16 %), lo que anticipa una presión creciente sobre los servicios de salud, atención social y oferta financiera.

Pese a esta realidad, la oferta financiera especializada sigue siendo limitada. Solo el 9 % de las EIF reportó contar con productos específicos para personas envejecientes, lo que revela un amplio margen para la inclusión financiera. En la cartera de clientes de las entidades, el 52 % de las personas de 65 años o más son hombres y el 47 % mujeres, una distribución relativamente equilibrada. No obstante, en las entidades de préstamos y microfinanzas (EPyM) se observa una mayor concentración masculina, asociada a su vinculación con sectores como agricultura y exportación.

Entre las iniciativas puntuales identificadas, el Banco Popular es la única entidad que ofrece una cuenta en dólares dirigida a pensionados, mientras que Banreservas dispone de un préstamo con condiciones especiales para este segmento. En servicios complementarios, el Banco Popular y el Banco BHD brindan programas de educación financiera personalizada, y un 33 % de las entidades ofrece asistencia personalizada. Banco Lafise, por su parte, ha incorporado atención en línea mediante videollamadas.

En el ámbito digital, algunas EIF han introducido ajustes de accesibilidad. El 34 % utiliza letras grandes en sus plataformas, el 18 % ha incorporado navegación simplificada y solo el 5 % ofrece accesibilidad por voz, disponible en ACAP y Scotiabank. Además, apenas el 11 % de las entidades realiza talleres o entrega materiales para orientar a las personas mayores sobre el uso de canales digitales y la prevención de fraudes.

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, actualmente las EIF no cuentan con un enfoque específico para personas envejecientes dentro de sus políticas de inclusión financiera. Ante este escenario, la institución puso en marcha en 2025 un programa de capacitación dirigido a las EIF, que se extenderá hasta el primer semestre de 2026, con el objetivo de fomentar el diseño de productos y servicios inclusivos para segmentos vulnerables.

En términos económicos, la población envejeciente está compuesta mayoritariamente por pensionados (29 %), empleados del servicio doméstico (19 %) y trabajadores por cuenta propia (14 %), además de personas aún activas en los sectores público y privado. Sin embargo, la edad sigue siendo un factor determinante en la evaluación crediticia: tres de cada cinco personas mayores perciben que este elemento influye en la aprobación de productos financieros.

Las cuentas de ahorro son el producto más utilizado por este grupo (71 %), seguidas de las cuentas corrientes (41 %). El uso de tarjetas de crédito alcanza el 37 %, frente al 53 % registrado entre personas no envejecientes. Los préstamos personales o de consumo encabezan la lista de productos más negados, con un 71 % de los casos.

En cuanto al acceso a servicios, el 74 % de las personas envejecientes afirma contar con turnos preferenciales en su entidad principal. No obstante, persiste una brecha digital: solo el 30 % utiliza canales digitales, frente al 70 % de las personas no envejecientes. Además, el 56 % de las personas mayores ha requerido asistencia para realizar transacciones digitales.

Pese a estas limitaciones, los niveles de confianza y satisfacción se mantienen elevados. Seis de cada diez personas envejecientes declaró tener total confianza en su banco, con una diferencia marcada entre mujeres (77 %) y hombres (59 %). Más del 90 % se manifestó satisfecho o muy satisfecho con el trato y los productos recibidos, lo que refleja una percepción positiva del sistema financiero, especialmente en la atención personalizada, según el informe Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025 de la Superintendencia de Bancos.