La migración se ha convertido en un factor clave de las dinámicas económicas en América Latina y el Caribe, pero su integración al sistema financiero formal avanza de manera desigual. En República Dominicana, las personas migrantes representan apenas el 7 % de los usuarios encuestados del sistema financiero, en un contexto donde persisten obstáculos relacionados con documentación, acceso a productos y medición efectiva de su inclusión, según el informe Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025 de la Superintendencia de Bancos.

A nivel regional, América Latina y el Caribe alberga más de 43 millones de personas migrantes, de las cuales cerca del 60 % se encuentra en edad productiva, de acuerdo con el informe Inclusión financiera de las personas inmigrantes en la región de América Latina y el Caribe de la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI). Este grupo constituye una fuente relevante de actividad económica, pero enfrenta limitaciones persistentes para integrarse plenamente al sistema financiero formal.

El estudio identifica tres barreras principales: la falta de reconocimiento de documentos de identidad extranjeros, la ausencia de historial crediticio en los países de acogida y el acceso restringido a canales digitales y productos financieros adaptados. Estas condiciones limitan la apertura de cuentas, el acceso al crédito y el uso de servicios formales para el envío y recepción de remesas.

En este contexto, algunos países de la región, entre ellos República Dominicana, Costa Rica y Paraguay, han comenzado a aplicar enfoques regulatorios más inclusivos. En el caso dominicano, la Superintendencia de Bancos ha emitido disposiciones que permiten la aceptación temporal de documentos vencidos para ciudadanos venezolanos, mediante las circulares SB No. 012/21 y 013/22, así como el fortalecimiento de esquemas de debida diligencia proporcional, establecido en la Circular SB No. 005/22. Estas medidas buscan facilitar el acceso financiero sin comprometer la gestión de riesgos del sistema.

No obstante, persisten limitaciones en la disponibilidad de información. Por razones de confidencialidad y protección de datos personales, las entidades de intermediación financiera (EIF) no reportan el tipo de documento utilizado por sus clientes, lo que dificulta un análisis detallado del nivel real de inclusión financiera de la población migrante. Desde la Superintendencia de Bancos se desarrollan mecanismos para, en el futuro, incorporar datos agregados por país de origen, preservando estándares de seguridad y anonimización.

En paralelo, los flujos de remesas continúan siendo un componente central de la relación entre migración y sistema financiero. De acuerdo con datos canalizados a través del Banco Central de la República Dominicana, las remesas familiares recibidas en el país crecieron un 11 % al corte de septiembre de 2025, en comparación con el mismo período del año anterior. La mayor proporción provino de Estados Unidos, con una concentración del 47.2 % en el Distrito Nacional.

Dentro de la muestra analizada, las personas migrantes representan el 7 % del total de usuarios encuestados, de las cuales el 24 % no posee cédula de identidad dominicana. La composición por género es equilibrada, con un 51 % de hombres y un 49 % de mujeres, y predominan las nacionalidades venezolana y haitiana. El 90 % reside en zonas urbanas, principalmente en el Gran Santo Domingo (38 %) y la región Norte (21 %), mientras que el 94 % reporta ingresos mensuales inferiores a RD$50,000.

En cuanto a las remesas, el 51 % de las personas migrantes indicó recibir apoyo económico del exterior, superando en 16 puntos porcentuales a las personas no migrantes. Asimismo, el 49 % afirmó enviar remesas a sus países de origen, frente a solo un 8 % entre la población no migrante, lo que refleja el vínculo económico sostenido con sus comunidades de origen.

Las cuentas de ahorro son el producto financiero más utilizado por la población migrante, con un 83 %, seguidas por las tarjetas de crédito o débito (54 %) y las cuentas corrientes (44 %). En los canales de recepción de remesas, el 46 % de las personas migrantes recibe los fondos directamente en cuentas bancarias, frente al 26 % de las personas no migrantes, lo que evidencia un mayor uso de mecanismos formales dentro de este grupo, aunque el efectivo sigue teniendo un peso relevante.

En términos de experiencia con el sistema financiero, el 74 % de las personas migrantes señaló no haber enfrentado inconvenientes al solicitar productos o servicios financieros, un resultado que se asocia, en parte, a que el 76 % de los encuestados posee doble nacionalidad, incluida la dominicana. Más del 80 % manifestó estar satisfecho o muy satisfecho con los productos ofrecidos por sus entidades, y la brecha en la satisfacción con el trato recibido frente a la población no migrante se reduce a solo tres puntos porcentuales.

A pesar de estos avances, el informe subraya que persisten desafíos relacionados con la documentación, la educación financiera y la confianza en los canales digitales. La Superintendencia de Bancos mantiene una estrategia orientada a equilibrar flexibilidad regulatoria, gestión de riesgos y estabilidad del sistema, con el objetivo de fortalecer la inclusión financiera de la población migrante como un componente relevante del desarrollo económico y social del país.