Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), junto a contribuyentes no clasificados y profesionales liberales, tienen hasta el 15 de mayo de 2026 para integrarse al sistema de facturación electrónica.

Este sistema, establecido en la Ley 32-23, obliga la acreditación de la transferencia de bienes o la prestación de servicios a través de un documento digital.

A diferencia del sistema anterior, bajo la Ley 32-23, cuando se emite una factura, esta se transmite a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de forma casi instantánea.

La DGII informó que hasta el momento más de 1,600 millones de comprobantes fiscales electrónicos han sido emitidos en el país, con más de 34,000 contribuyentes que ya operan como emisores y receptores y unos 15,000 en proceso de certificación, cifras que asegura dan cuenta de la expansión progresiva de este sistema en distintos segmentos.

Para facilitar la adopción, la entidad señala mantiene disponible un facturador gratuito, además de certificados digitales sin costo y jornadas de capacitación a nivel nacional, herramientas con las que busca simplificar el cumplimiento, especialmente en pequeños negocios y profesionales independientes que deben adaptarse al nuevo esquema.

El sistema introduce cambios en la gestión de las transacciones, ya que permite mayor control y trazabilidad, al tiempo que estandariza las relaciones comerciales, a la vez que reduce costos asociados al uso de papel y almacenamiento físico, mientras fortalece la validez del crédito fiscal y disminuye la pérdida de documentos.