La República Dominicana cuenta con 132 áreas protegidas, que abarcan más del 25% del territorio terrestre y una porción relevante de su espacio marino, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto refleja un avance en políticas de conservación, pero también plantea una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar que estas zonas no sean solo cifras en documentos oficiales, sino territorios efectivamente resguardados frente a la presión del crecimiento poblacional, el turismo y la degradación ambiental?

Un patrimonio natural en riesgo y bajo presión

La República Dominicana es reconocida como uno de los países con mayor diversidad biológica en el Caribe: más de 6,500 especies de flora y fauna, de las cuales más del 90% son endémicas o nativas. Sin embargo, esta riqueza enfrenta amenazas crecientes. El aumento de la población (10.7 millones de habitantes), la expansión de la frontera agrícola, el turismo masivo y los efectos del cambio climático intensifican la presión sobre el territorio y sobre los ecosistemas.

Las áreas protegidas, reguladas por la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No. 202-04, funcionan como un escudo ambiental: resguardan servicios ecosistémicos esenciales como el agua, el suelo, la captura de carbono y hasta la recreación. Pero expertos han advertido que el verdadero reto está en el cumplimiento de la normativa y en la gestión efectiva de estos espacios.

Categorías de protección: del bosque al monumento natural

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) organiza estos espacios en distintas categorías de manejo:

• Parques nacionales: ocupan 8,830 km², destinados a proteger procesos ecológicos de gran escala.
• Reservas naturales: 1,694 km² prácticamente sin intervención humana.
• Monumentos naturales: 666 km² que resguardan cuevas, montes submarinos o bosques antiguos.
• Paisajes protegidos: 389 km² donde comunidades y naturaleza han coexistido en equilibrio.
• Áreas de protección estricta: 421 km² donde las actividades humanas están casi prohibidas.
• Áreas de manejo de hábitat y especies: 337 km² orientados a proteger hábitats clave.

En conjunto, estas categorías conforman una red de conservación que cubre montañas, costas, arrecifes y bosques, pero cuya eficacia depende de recursos financieros, vigilancia y de la voluntad política.

La conservación no es solo un mandato interno. República Dominicana ha firmado acuerdos globales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y se ha alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

Además, el país adoptó la meta 30×30, que busca proteger al menos el 30% de la superficie terrestre y marina para 2030. Hoy, con el 25.6% de su territorio terrestre ya bajo protección, el objetivo parece cercano, pero los especialistas advierten que la meta no se mide solo en extensión, sino en calidad y efectividad de la gestión.

El gran desafío: proteger más allá del papel

Aunque los números son alentadores, persiste la pregunta: ¿qué tan efectivamente se están conservando esas áreas? El propio marco legal reconoce que muchas zonas protegidas enfrentan ocupaciones ilegales, deforestación, contaminación y conflictos por uso del suelo.

En palabras del Ministerio de Medio Ambiente, estas áreas son clave no solo para “salvaguardar la biodiversidad, sino también para garantizar servicios esenciales a la sociedad”. Pero lograrlo requiere inversiones en monitoreo, fortalecimiento institucional y, sobre todo, un compromiso real para que la conservación sea compatible con el desarrollo económico.

La existencia de 132 áreas protegidas en República Dominicana es un logro importante en materia de política ambiental, pero también un llamado a la acción. Alcanzar la meta 30×30 y asegurar la sostenibilidad de los ecosistemas dependerá de que estas zonas no se queden en la estadística, sino que se conviertan en verdaderos refugios frente al cambio climático y las presiones humanas.

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