Santo Domingo, DN.– El abogado querellante en el caso SeNaSa, Miguel Surun Hernández, informó esta noche a la prensa que parte de los imputados en el presunto escándalo de corrupción de esa institución —investigación conocida por el Ministerio Público como Operación Cobra— están admitiendo las acusaciones presentadas por el órgano persecutor.

Según explicó, uno de esos imputados es el empresario Eduardo Ríos Estrella, quien habría reconocido haber entregado una suma millonaria como supuesto soborno a Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa.

Surun Hernández, también presidente de la Convergencia Nacional Contra la Corrupción (CONACCO), consideró que la medida de coerción adecuada para los involucrados debe ser la prisión preventiva, debido a la magnitud del presunto fraude, las alegadas operaciones de lavado de activos y su impacto humano.

El abogado señaló que, aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, el juez podría optar por alguna de las otras medidas contempladas en el Código Procesal Penal. No obstante, sostuvo que la gravedad del caso encaja en los supuestos más estrictos establecidos por la ley.

“Esta etapa es de conocimiento de medida de coerción. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva, pero el juez podría dictar otra medida. Ahora bien, la gravedad del hecho, conforme al artículo 230 del Código Procesal Penal, es muy específica”, afirmó.

Enfatizó además que el caso no se limita a presuntas irregularidades financieras, sino que implica consecuencias humanas directas.

“Estos hechos no son económicos, son de carácter humano. Representan vidas. Personas que murieron por no recibir tratamientos. Sería un despropósito y una injusticia colosal que se envíe a sus casas a personas que recibieron 7,000 millones de pesos a través de compañías con capital de apenas 100,000 pesos”, manifestó.

Agregó que las declaraciones ofrecidas durante la audiencia respaldan los planteamientos del Ministerio Público.

“Ellos mismos confirmaron operaciones de lavado y dicen que entregaron 1,000 millones de pesos en efectivo. Eso debería hacer reflexionar mucho sobre el sistema de justicia y sobre la diferencia entre cuando se juzga a alguien del llamado ‘escudo económico’ y cuando se juzga a cualquier ciudadano”, añadió.

El abogado también reiteró su preocupación por posibles presiones externas que pudieran intentar influir en la decisión judicial.

Se prevé que la audiencia continúe y se extienda hasta horas muy avanzadas de la noche.