La informalidad laboral continúa siendo una característica estructural del mercado de trabajo en República Dominicana. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), citados por el vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, el 54.6 % del empleo es informal, mientras que estimaciones más amplias sitúan la informalidad económica en torno al 60 %. Este comportamiento está asociado, principalmente, al elevado costo de operar dentro del marco legal, tanto para empresas como para trabajadores.

El peso del empleo público en la formalidad

Los datos del mercado laboral muestran que, aunque en el último año se registró un aumento de 103,203 empleados formales, una proporción significativa de ese crecimiento se concentró en el sector público. Según el análisis de Collado Di Franco, 64,909 de esos nuevos empleos correspondieron al Estado, mientras que solo 38,294 se generaron en el sector privado.

Esto implica que el 62.8 % de los nuevos asalariados formales fueron contratados por entidades estatales, un factor que contribuyó a contener un mayor aumento de la informalidad o del desempleo, pero que también refleja las limitaciones del sector privado para absorber empleo formal bajo las condiciones actuales.

Costos de la formalidad y decisiones económicas

Desde la perspectiva de la teoría económica, la informalidad surge como una respuesta racional a los incentivos existentes. “Hacer negocios y mantener relaciones laborales cumpliendo con las regulaciones impuestas desde el Estado resulta caro”, señala Collado Di Franco. Entre los principales factores se encuentran los impuestos, las regulaciones laborales y los costos no salariales, que pueden representar hasta un 54.5 % del salario durante el primer año de contratación.

A esto se suman obligaciones administrativas como formularios tributarios, anticipos del impuesto sobre la renta, reportes a la seguridad social y riesgos asociados a cambios regulatorios. En ese contexto, tanto trabajadores como emprendedores optan por la informalidad como una forma de reducir costos y minimizar riesgos.

El análisis destaca que, aunque los impuestos son pagados formalmente por las empresas, su impacto se traslada a los trabajadores mediante menores oportunidades de empleo, menores inversiones productivas y limitaciones para mejorar salarios.

Regulaciones, productividad y empleo

La relación entre costos laborales no salariales y empleo formal ha sido documentada en diversos estudios internacionales. Incrementos en estos costos tienden a reducir las contrataciones formales y a limitar la inversión en activos productivos que mejoran la productividad laboral. El estudio Reducing the Costs and Enhancing the Benefits of Formality, del Banco Mundial, es citado como evidencia de este comportamiento en distintos países.

En el caso dominicano, el contexto se ve reforzado por medidas como incrementos salariales por ley, la expansión de la factura electrónica hacia empresas más pequeñas y la posibilidad de reformas laborales que no contemplen una reducción de los costos no salariales, como la cesantía. Según el análisis, estas condiciones podrían mantener o reforzar los incentivos a operar en la informalidad.

Reformas estructurales y comparaciones internacionales

Collado Di Franco sostiene que reducir la informalidad requiere cambios estructurales y no soluciones parciales. Entre las propuestas destacan un nuevo código tributario más simple, una legislación laboral que reduzca los costos no salariales y un entorno regulatorio que facilite la operación empresarial.

La experiencia internacional muestra que es posible reducir los costos de apertura de empresas de forma significativa. Países como Singapur, Estonia y Nueva Zelanda han implementado procesos rápidos y de bajo costo para la formalización empresarial. Sin embargo, el análisis advierte que simplificar solo el proceso de incorporación no es suficiente si el emprendedor formal enfrenta posteriormente un entramado burocrático complejo y costoso.

Asimismo, se señala que los regímenes especiales para pequeñas empresas pueden generar distorsiones, como incentivos a no crecer —conocidos como “trampa de tamaño”— o a fragmentar operaciones para reducir cargas impositivas, en lugar de fortalecer el sistema en su conjunto.

Educación, instituciones y clima de negocios

La formación técnica y profesional suele presentarse como una vía para reducir la informalidad. No obstante, el análisis plantea que mayores niveles de educación no garantizan, por sí solos, un aumento de la formalidad si las reglas de juego no favorecen la creación de empresas y empleos formales.

Experiencias históricas, como las de países de la antigua Unión Soviética, muestran que altos niveles de capacitación pueden coexistir con baja creación de valor económico si las instituciones no promueven la inversión, la innovación y la productividad. En ese sentido, el énfasis del análisis se coloca en la necesidad de reformas institucionales que faciliten la creación de riqueza sin privilegios ni excepciones.

Implicaciones para la política pública

El diagnóstico plantea que la informalidad no debería ser la norma en la economía dominicana. Para reducirla de manera sostenible, se requiere un entorno institucional que disminuya los costos de la legalidad y haga atractiva la formalización para trabajadores y empresas.

Esto implicaría menos regulaciones, especialmente en los ámbitos tributario y laboral, y un enfoque estratégico orientado a mejorar el clima de negocios. De acuerdo con Collado Di Franco, “los ciudadanos merecen mayor libertad para realizar actividades productivas que les permitan generar empleos y obtener ingresos dentro de la formalidad”.